En la Cámara de Diputados se llevó a cabo el foro “La defensa de la libertad de expresión”, donde el documentalista e investigador Samuel Adrián González Almaraz presentó los hallazgos de su investigación Colombia: Fábrica de Niños Trans.
Durante el encuentro, la diputada federal Carmen Rocío González Alonso, del Grupo Parlamentario del PAN, relacionó los casos documentados por el investigador con acciones impulsadas desde la izquierda mexicana que pueden afectar la salud mental y sexual de niñas, niños y jóvenes.
En ese contexto, señaló que la familia no puede ser colocada frente a falsos dilemas ni mensajes ideológicos, por lo que consideró indispensable que los padres cuenten con información suficiente sobre temas relacionados con la salud mental y sexual de sus hijos.
“Lo que debemos fomentar desde el Legislativo, mediante foros de discusión, así como desde los gobiernos, las escuelas y el sector médico, es información suficiente para que las familias puedan decidir con libertad y responsabilidad sobre el bienestar de sus hijos”, expresó.
Asimismo, afirmó que Acción Nacional apuesta por fortalecer a las familias, al considerar que ello contribuye al fortalecimiento del país.
En su participación, Samuel Adrián González Almaraz presentó testimonios de menores de edad y jóvenes que fueron conducidos a procesos de transición de género y que actualmente enfrentan secuelas físicas, como infertilidad, enfermedades cardiovasculares y osteoporosis, además de daños mentales permanentes. Indicó que algunos de ellos manifestaron arrepentimiento e incluso pensamientos suicidas.
El documentalista explicó que, de acuerdo con su investigación, el gobierno colombiano impulsó la instalación de clínicas de género en diversos hospitales, donde, además de brindar atención médica a personas con disforia de género —malestar o angustia emocional que experimenta una persona debido a la discordancia entre su identidad de género y el sexo asignado al nacer—, estos centros comenzaron a realizar procesos de transición de género en menores de edad, aplicando químicos y bloqueadores hormonales.
Por su parte, el abogado Enrique David Ogaz Díaz afirmó que la investigación presentada coloca en el centro del debate el derecho de niñas, niños y adolescentes, al abordar un tema que, dijo, debe analizarse desde la perspectiva del interés superior de la niñez.
Sostuvo que cualquier decisión pública o jurídica relacionada con menores de edad debe priorizar su bienestar por encima de cualquier otra consideración y advirtió sobre la necesidad de protegerlos frente a prácticas que, a su juicio, pueden afectar su desarrollo integral.
En tanto, la diputada Annia Gómez Cárdenas, del PAN, sostuvo que las principales víctimas de la imposición de una “posverdad” son los menores de edad, quienes, afirmó, requieren instituciones comprometidas con la verdad, la protección de sus derechos y el fortalecimiento de las familias.
