En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la diputada Leticia Ortega Máynez presentó un exhorto para solicitar a la gobernadora María Eugenia Campos Galván la expedición y publicación del Reglamento de la Ley de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio del Estado de Chihuahua.
La legisladora recordó que esta Ley fue publicada desde noviembre de 2024 y estableció que el Poder Ejecutivo tendría un plazo máximo de 180 días para expedir los protocolos necesarios y su Reglamento. Sin embargo, el plazo concluyó en mayo de 2025 y, de acuerdo con el exhorto, a más de un año de su vencimiento no existe constancia de que el Reglamento haya sido publicado en el Periódico Oficial del Estado.
Ortega señaló que contar con este instrumento es necesario para definir cómo deben actuar las instituciones, cuáles son sus responsabilidades, cómo deben coordinarse y qué procedimientos deben seguir ante una situación de riesgo suicida. “No se trata de desconocer las acciones que actualmente realizan las instituciones de salud. Sino de fortalecerlas mediante reglas claras, coordinación permanente y responsabilidades definidas”, sostuvo.
La diputada recordó que el Congreso ya había realizado llamados anteriores para avanzar en la elaboración de los protocolos y el Reglamento. En marzo de 2025 se aprobó un punto de acuerdo para impulsar mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y, en septiembre del mismo año, se exhortó nuevamente a la Secretaría de Salud para expedir estos instrumentos.
“Una ley que no cuenta con los instrumentos necesarios para su aplicación corre el riesgo de quedarse únicamente en una declaración de buenas intenciones. Chihuahua ya cuenta con una Ley de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio. Lo que corresponde ahora es hacerla plenamente operativa”, expresó.
Finalmente, Ortega advirtió que la prevención del suicidio requiere políticas permanentes y coordinación institucional, no esfuerzos aislados. “La prevención del suicidio no puede depender de esfuerzos aislados ni de la voluntad circunstancial de cada institución. Necesita procedimientos claros, coordinación permanente y políticas públicas que puedan mantenerse en el tiempo”, concluyó.
