El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, cuestionó las prioridades de Morena tras la reforma constitucional que establece nuevas reglas sobre la doble nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, disposición que comenzará a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028.
Bonilla señaló que, particularmente en los estados del norte, la relación con Estados Unidos forma parte de una realidad social y familiar que genera vínculos binacionales, por lo que criticó que el debate político se concentre en restringir esta condición.
“Las preocupaciones de Morena, ¿dónde están? Están en lugar de proteger y cuidar al que se dedica al oficio del periodismo, castigar y encarcelar a quien hace memes, sátiras políticas”, expresó.
El presidente municipal sostuvo que, desde su perspectiva, la discusión debería enfocarse en combatir los vínculos entre autoridades y delincuencia organizada, en lugar de limitar los vínculos familiares o de nacionalidad que existen entre México y Estados Unidos.
“En lugar de entender, sobre todo en el norte del país, este gran sentido de binacionalidad que tenemos y que nos hermana, pues mejor que se extingan los vínculos con la delincuencia organizada”, manifestó.
Bonilla afirmó que Acción Nacional y los partidos con los que pretende construir un bloque político en Chihuahua tendrán entre sus principales objetivos evitar que personas vinculadas con grupos delictivos lleguen a ocupar cargos públicos.
“Nuestra prioridad está en que no llegue el narcopolítico a dirigir municipios, estados o decisiones parlamentarias en este país. Esos son los objetivos y la agenda de Acción Nacional y de los partidos que formaremos un bloque en Chihuahua”, sostuvo.
La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece que quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana o renunciar a otra nacionalidad antes de solicitar su registro. El régimen transitorio establece su aplicación a partir del proceso electoral de 2028.
