Los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo y de Sinaloa han diversificado sus actividades ilícitas mediante redes de fraude de tiempos compartidos que, entre 2019 y 2024, provocaron pérdidas por aproximadamente 350 millones de dólares a cerca de 6,000 víctimas en Estados Unidos, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero (NMLRA) de 2026 del Departamento del Tesoro estadounidense.
El informe señaló que estas organizaciones criminales han ejecutado este tipo de estafas durante más de 10 años mediante centros de llamadas (call centers) instalados en México. Con base en las denuncias recibidas y el rastreo financiero del FBI, el CJNG es el grupo con mayor presencia en estas operaciones.
Una de las particularidades del esquema es que los delincuentes no seleccionan a sus víctimas al azar. El documento identifica la participación de cómplices internos en complejos turísticos de tiempos compartidos en México, quienes presuntamente proporcionan datos personales, información de contacto y detalles sobre las propiedades de ciudadanos estadounidenses.
Con esos registros, los operadores de los centros de llamadas contactan a los propietarios y se hacen pasar por agentes inmobiliarios, representantes de ventas o intermediarios que aseguran tener compradores o arrendatarios interesados en sus propiedades. También ofrecen servicios para cancelar los contratos o salir definitivamente de los esquemas de tiempo compartido.
Para concretar las supuestas operaciones, solicitan transferencias anticipadas por concepto de impuestos, comisiones o gastos administrativos. Una vez que reciben el dinero, la venta o cancelación no se materializa y, en algunos casos, los estafadores exigen nuevos pagos bajo otros pretextos.
El fraude puede extenderse a una segunda etapa. Los delincuentes vuelven a contactar a quienes perdieron dinero, pero ahora se presentan como integrantes de despachos jurídicos con sede en Estados Unidos o como funcionarios de autoridades gubernamentales de ese país o de México.
Con el argumento de que pueden recuperar los recursos sustraídos mediante una demanda o un procedimiento administrativo, solicitan nuevos depósitos por honorarios legales o gastos de gestión. De esta manera, las víctimas enfrentan una segunda estafa bajo la promesa de recuperar lo perdido en la primera.
Contrabando de petróleo
La evaluación del Tesoro también documentó otras actividades con las que los grupos criminales mexicanos obtienen recursos fuera del narcotráfico. Entre ellas se destacó el robo y contrabando de petróleo crudo extraído ilegalmente de Petróleos Mexicanos (Pemex), que el informe identificó como la principal fuente de ingresos no relacionada con drogas para estas organizaciones.
Según el documento, esta actividad genera cientos de millones de dólares anuales para grupos como el CJNG. El crudo es trasladado hacia Estados Unidos mediante documentación falsa que lo presenta como aceite de desecho (waste oil) o residuos industriales.
En materia migratoria, se dijo que los cárteles obtienen ganancias mediante el cobro de cuotas a redes independientes de traficantes de personas para permitirles transitar por territorios bajo su control, además de operar sus propias redes de contrabando de migrantes. El trabajo mencionó al Cártel del Golfo y al Cártel del Noreste (CDN) entre los grupos vinculados con estas actividades; también se indicó que este último promociona servicios de traslado de migrantes en redes sociales.
Otras actividades documentadas incluyen secuestros, extorsiones a comerciantes y personas migrantes, robo de vehículos y asaltos. Asimismo, las organizaciones criminales envían dinero desde México hacia Estados Unidos para adquirir armas y municiones mediante comercios y plataformas en línea, con el propósito de introducirlas posteriormente a territorio mexicano.
El reporte también advirtió sobre la corrupción de funcionarios. Entre las prácticas identificadas se encuentran los sobornos a agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para facilitar el paso de vehículos con drogas sin inspección, así como la entrega de dádivas a empleados de empresas estatales.
También, se describió que las organizaciones criminales trasladan dinero en efectivo e instrumentos monetarios desde México hacia territorio estadounidense para financiar la adquisición de armamento. Una vez que disponen de los recursos, sus operadores realizan compras de armas de fuego y grandes cantidades de municiones a través de minoristas y plataformas de venta en línea.
Drogas y delitos ambientales
El tráfico de drogas continúa siendo una actividad central para las organizaciones criminales mexicanas, en particular para el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
El Departamento del Tesoro documenta la producción y distribución de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína, así como la importación de precursores químicos provenientes principalmente de China e India para la fabricación de narcóticos sintéticos.
La evaluación también registra la participación de grupos criminales en cultivos ilícitos de marihuana dentro de Estados Unidos y en actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Golfo de México.
Vigilancia
Para combatir estos esquemas, el Departamento del Tesoro aseguró que utiliza mecanismos de supervisión financiera, sanciones económicas y alertas dirigidas a bancos y empresas de servicios monetarios.
A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), las autoridades estadounidenses exigen a las instituciones financieras aplicar procedimientos de identificación de clientes y reportar operaciones sospechosas o transacciones en efectivo que superen los umbrales establecidos por la legislación.










