Durante la discusión de la reforma constitucional que establece la nacionalidad única como requisito para aspirar a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la diputada federal del Grupo Parlamentario del PAN, Carmen Rocío González Alonso, dijo que estar del lado de la familia y de la seguridad, esa sí es lealtad a México, y no de quien está del lado del crimen organizado.
Al presentar una reserva para modificar el dictamen de dicha reforma, la diputada federal se sumó al debate sobre la lealtad a México. Indicó que la respuesta no está en la disyuntiva de quién es más mexicano: si una persona que cuenta con la sola nacionalidad o alguien que cuenta con doble nacionalidad. La lealtad a México, dijo, se demuestra con los actos.
En este sentido, señaló que es más traidor quien pacta con los delincuentes y es señalado por el Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por sus nexos con el crimen organizado, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
También citó al senador de Morena, Adán Augusto López, quien, durante su gobierno en Tabasco, nombró como su jefe de seguridad al líder del cártel de la Barredora. Otro ejemplo, dijo, es el de la senadora “de la corrupción”, Andrea Chávez, quien realiza campaña anticipada en Chihuahua con dinero del crimen organizado, específicamente, del cártel Tabasco.
Asimismo, hizo alusión al caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien ofreció entregar información de seguridad nacional a Estados Unidos “para salvar su pellejo” y de ello, añadió, existen varios audios que se filtraron.
La diputada Rocío González puntualizó que todos estos políticos tienen la nacionalidad mexicana, lo que demuestra que la lealtad no se mide por el número de pasaportes ni por los países que los expiden.
“La lealtad a México se demuestra con acciones, con hechos contundentes, como los de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien, con la plataforma Centinela e Inteligencia, desmanteló no uno, sino dos narcolaboratorios en la entidad”.
La reserva propuesta por la diputada Carmen Rocío González buscaba añadir al artículo 116 que quien pretenda ser candidato en una entidad federativa, donde se tiene responsabilidad en materia de seguridad, gobernabilidad y coordinación, debería cumplir requisitos adicionales, entre ellos, no tener en su contra una solicitud de detención provisional, de aprehensión o de extradición proveniente de algún gobierno extranjero.
Concluyó que una solicitud de extradición no es cosa menor, porque afecta la confianza de la ciudadanía y compromete a los gobiernos y los acuerdos comerciales con otros países. “Simplemente se pierde la confianza”.
