El proyecto de seguridad para Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua ha generado críticas de sectores políticos; sus impulsores sostienen que la oposición responde a intereses vinculados con grupos delictivos.
La Torre Centinela, proyecto de seguridad impulsado para fortalecer la vigilancia y la coordinación operativa en Ciudad Juárez y el resto del estado de Chihuahua, se encuentra en el centro del debate político.
De acuerdo con la postura difundida por la diputada Daniela Álvarez, el proyecto no solo busca combatir al crimen organizado, sino también enfrentar las redes de protección política que, presuntamente, han permitido la operación de grupos delictivos en distintas regiones de la entidad.
La legisladora afirmó que algunas de las figuras consideradas como “cartas fuertes” de Morena para Chihuahua tendrían vínculos o cercanía con grupos delictivos, por lo que estarían intentando desacreditar y frenar la construcción de la Torre Centinela.
Según esta versión, las críticas al proyecto no obedecerían únicamente a diferencias técnicas o presupuestales, sino al temor de que una plataforma integral de seguridad permita detectar actividades criminales, redes de complicidad y posibles alianzas entre delincuentes y actores políticos.
La Torre Centinela contempla el uso de tecnología, sistemas de videovigilancia, análisis de información y coordinación entre corporaciones para mejorar la capacidad de respuesta ante delitos de alto impacto. Sus promotores aseguran que la infraestructura permitirá proteger a las familias juarenses y a los habitantes de todo el estado.
Daniela Álvarez sostuvo que la seguridad de la población debe estar por encima de los intereses partidistas y llamó a respaldar las acciones encaminadas a combatir la impunidad y fortalecer las instituciones.
La discusión sobre el proyecto continuará en el ámbito público y legislativo, mientras autoridades y representantes políticos definen su alcance, costos y mecanismos de operación. Hasta el momento, las acusaciones sobre presuntos vínculos entre aspirantes y grupos delictivos forman parte del debate político y deberán ser sustentadas ante las instancias correspondientes.
