La diputada Rosana Díaz Reyes presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa denominada Ley Vico, que propone reformar el Código Penal de Chihuahua para endurecer las sanciones por maltrato y crueldad animal y establecer una protección especial para los animales de servicio, distinción que hoy no contempla ninguna entidad del país.
La iniciativa, suscrita por el diputado Octavio Javier Borunda Quevedo, integrante del Partido Verde Ecologista de México, y por Díaz Reyes, busca reconocer expresamente a los animales que realizan tareas de seguridad pública, búsqueda, rescate, protección civil, asistencia y atención de emergencias.
La propuesta lleva el nombre de Vico, perro del grupo K-9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, de 9 años de edad y 6 de servicio, que murió el 6 de febrero de 2026 tras ser atacado con un machete cuando participaba en la atención de un reporte de violencia familiar en el ejido El Fresno. Fue despedido cuatro días después con guardia de honor, pase de lista y salvas, y con la ley vigente quien lo mató enfrenta de 6 meses a 2 años de prisión, la misma pena que por cualquier otro animal.
“Vico protegió a los chihuahuenses durante años. Hoy nos corresponde hacer que la ley también proteja a quienes sirven, rescatan y salvan vidas”, expresó Rosana Díaz.
La reforma propone que cuando un delito se cometa contra un animal de servicio la pena aumente en dos terceras partes, con un incremento adicional de una mitad cuando la agresión busque impedir su trabajo o sea una represalia por haberlo realizado: la muerte de un animal de servicio alcanzaría así 10 años de prisión, y 15 cuando medie represalia.
Además, plantea elevar la sanción por la muerte de un animal, que hoy va de 6 meses a 2 años, a una pena mínima de 5 años, y la de las lesiones graves, que hoy apenas llega a 1 año, a una de 2 a 5 años, que por primera vez comprenden la mutilación y la pérdida permanente de una función. Cuando la muerte se provoque con tortura, extrema
brutalidad, envenenamiento, quemaduras, asfixia o cualquier método que prolongue la agonía, la pena iría de 5 a 10 años, y el techo de las multas subiría de 250 a 1,500 Unidades de Medida y Actualización, que por ley ingresan al Fondo Estatal de Bienestar Animal. La iniciativa suma siete agravantes, entre ellas que los hechos ocurran a la vista de niñas, niños o adolescentes o que se les utilice para cometerlos.
La propuesta se sostiene en cifras de impunidad: entre 2019 y 2021 se abrieron en el país 3,339 carpetas de investigación por maltrato animal, de las que 168 llegaron a proceso y sólo 24 terminaron en sentencia, y en Chihuahua la Fiscalía General del Estado atendió 585 denuncias entre enero de 2022 y febrero de 2025, 280 de ellas en Ciudad Juárez. A ello se agrega que el propio Código permite cambiar por multa o por trabajo comunitario toda pena que no exceda de 3 años, de modo que la sanción vigente por matar a un animal siempre puede convertirse en dinero.
“La Ley Vico busca que la crueldad animal tenga consecuencias proporcionales a su gravedad. Protegerlos también habla de la sociedad que queremos construir” puntualizó la legisladora.
