El Instituto Nacional de Migración informó que, a lo largo de 2023, se identificaron 106,778 eventos de menores de edad en situación migratoria irregular en México. Esta cifra significó un aumento de 49.95% más que los 71,206 eventos de infantes en situación de migración que las autoridades contabilizaron a lo largo de 2022.
De las cifras de 2023, 76,464 eran menores de 11 años de edad y 30,314 contaban con una edad que oscilaba entre los 12 y 17 años. Además, las autoridades migratorias detallaron que todos y todas las personas de este grupo etario fueron puestos bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
De acuerdo con las cifras del Instituto de Migración, el año que recién concluyó obtuvo el registro más alto desde al menos 2018; para este lapso, la dependencia registró un total de 29,258 casos.
Un año más tarde, en el 2019, las autoridades registraron un total de eventos de menores de 53,507, para el 2020 hubo una caída pues sólo se documentaron 11,262 casos.
Mientras que para el 2021 las autoridades documentaron un alza pues los eventos de niñas, niños y adolescentes se ubicaron en 77,608 casos, finalmente.
Subregistro
Especialistas mencionaron la posibilidad de que el conteo de personas menores de edad por parte de las autoridades mexicanas cuente con un subregistro y que es difícil tener un número exacto por factores como que no todas las personas que ingresan al país son registradas o debido que, a la naturaleza misma de la migración, las personas buscan evitar el contacto con las autoridades.
Además, entre las vulnerabilidad que puede sufrir este grupo etario señalaron delitos como reclutamiento de grupos delictivos, abuso sexual, trata, entre otros.
Pierre Coupeau, coordinador nacional de Programas e Influencia, de Plan Internacional, explicó que es complicado obtener cifras exactas de menores en calidad migrante, y aunque destacó que ciertos indicadores, como las cifras de la Comar y los encuentros en la frontera sur, ofrecen tendencias, pero aun así existe un subregistro el cual señaló que no es malintencionado por parte del gobierno.
Expuestos al crimen
Con lo se refiere a los riesgos, el especialista indicó que entre los crímenes que pueden llegar a experimentar, además de los mencionados, está el secuestro, robos, extorsiones, violencia y consideró que, debido esto, es necesario el apoyo psicosocial para mitigar los traumas que sufren niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, sobre la capacidad del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para tutelar a estos menores, Pierre Coupeau indicó que, aunque la ley prohíbe la detención de niños y adolescentes, la saturación de los servicios del DIF limita su capacidad de ofrecer atención adecuada.
La ley es muy buena, lo repito, es la prohibición de la detención de niños y adolescentes en unos centros de detención, entonces tienen que ir a centros DIF, a albergues, pero la saturación es tremenda de los servicios DIF; entonces, al no tener esa capacidad, lo que suele hacer, el Instituto Nacional de Migración, es la deportación o la devolución… los vuelven a poner frente al peligro que estaba huyendo en su país”, denunció el experto.
Karen Pérez, coordinadora del Servicio Jesuita a Refugiados México, en Tapachula, reconoció que las cifras de las autoridades no pueden reflejar las cifras completas de menores debido a la porosidad de la frontera y a la falta de un sistema de registro preciso.
En cuanto a los riesgos de la migración de menores, la especialista indicó que hay una falta de espacios seguros y que las condiciones con las que viajan muchas familias son precarias.
“Los riesgos son altísimos. Estamos hablando de riesgos, de necesidades básicas, de salud, de seguridad. No hay espacios seguros para los menores, muchas de las familias que están llegando se encuentran en situación de calle (…) una de las situaciones que tiene el programa de pues en este caso del DIF, es que el personal es limitado, no tienen tantas personas que puedan atender los recursos, son limitados también; entonces, eso limita una respuesta integral para estas familias que están en situación de movilidad”, denunció la especialista.
Ambos reconocieron la importancia de aplicar los derechos internacionales de las personas migrantes y adoptar políticas sociales en lugar de enfoques militares, además de procesos migratorios más claros y rápidos, para mejorar las condiciones de los infantes extranjeros que atraviesan el país.
Según los datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, de la Secretaría de Gobernación, en el Boletín de Estadísticas sobre Delitos Perpetrados de Personas Irregulares, entre enero y noviembre de 2023, se registraron un total de 68 personas menores de edad extranjeras que manifestaron haber sido víctimas de delito en territorio mexicano.
