La diputada federal del PRI, Monserrat Arcos, presentó este jueves una denuncia contra el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, por delitos de violencia política en razón de género, debido a actos que implicarían además el desvío de al menos 16 millones de pesos luego de que el dirigente partidario le exigió aceptar un esquema de corrupción, simulación o “moches”, mismo que no aceptó la legisladora.
La negativa a participar en este esquema ha derivado en amenazas por parte de Moreno Cárdenas y la ha llevado a “pausar su carrera política”, agregó la diputada federal. “Lamento que en el PRI, hoy el dirigente vea al partido como su escudo de impunidad porque no ha podido demostrar otra cosa que no sea corrupción, y que básicamente utilice los recursos del partido como una caja chica para sus pretensiones personales o para sus excesos que son de todo el mundo conocidos”, expresó la legisladora en entrevista tras hacer la denuncia.
En el recurso que presentó Arcos Velasquez ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fisel), expone que cuando fue titular del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), Alito Moreno le solicitó que los recursos que recibe el partido a nivel nacional, y que están etiquetados para acciones de promoción política de las mujeres, se destinaran a la contratación de cursos y capacitaciones virtuales con una empresa que cobró 32 millones de pesos. No obstante, dicha empresa le regresaría a Moreno Cárdenas al menos la mitad.
“Son 16 millones de pesos que era el destino para el presidente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas. Básicamente a mí sólo me dijeron que tenían una necesidad económica y que él (Alejandro Moreno) requería el recurso. Él personalmente me lo solicitó”.
Aunque Arcos Velasquez le replicó que son recursos fiscalizados, le plantearon “un esquema de tres cursos en línea, cada uno con un valor de 11 millones de pesos, el proveedor que señalo en mi denuncia me explica cómo lo van a hacer y cómo lo van retornar el recurso en menos de tres o cuatro días al área de finanzas”.
Por tal motivo, también denunció a dicho contratista, Marco Antonio Gómez Alcantar, así como al Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo.
Subrayó que la legislación electoral establece que es violencia política de género el amenazar o intimidar a una mujer con el objetivo de inducirla o impedirle participar en acciones políticas. Detalló que tras ser destituida como titular del ONMPRI en diciembre de 2023 -decisión de la que se enteró por redes sociales-, ella fue excluida de los procesos electorales y de las actividades del CEN.
A la vez, recalcó que la forma en que fue destituida de ese cargo fue algo “humillante y vergonzoso”, ya que se violentaron los cerrojos de sus oficinas sin permitirle tener una entrega-recepción, mientras que sus pertenencias personales “fueron puestos en la banqueta de insurgentes de manera violenta”.
Pese a eso, indicó que se motivó a presentar la denuncia porque “para mí no es un tema de venganza, (sino que) es un tema de justicia, es un tema en donde no podemos estar en la coyuntura de tener por primera vez la posibilidad de que una mujer sea presidenta de este país, y de que mujeres como tu servidora vean destruida su carrera, en mi caso de 20 años, por el solo hecho de no querer pertenecer en un esquema de corrupción”.
“Parte de lo que me motiva es justamente cada derramado que he derramado en este proceso, que ninguna otra mujer lo viva, que le piensen tantito, dos veces, antes de destruir la honorabilidad de una mujer que se ha dedicado a hacer política y que le ha servido a su partido”, añadió.
Tras las amenazas que ha recibido, reconoció que teme por su vida, por lo que solicitó medidas cautelares para su protección.
