Gregorio Chávez Treviño, hermano de la senadora de Morena Andrea Chávez, aparece entre los funcionarios señalados en una investigación sobre irregularidades detectadas en Liconsa durante 2023, entre ellas pagos por más de un millón de pesos a dos personas que ya habían fallecido.
La investigación de la periodista Peniley Ramírez revela que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró además millones de pesos entregados a proveedores que no cumplían los requisitos para acceder al precio de garantía, así como recursos pagados por leche cuya recolección y traslado no pudieron ser acreditados.
La auditoría de la ASF correspondiente a la Cuenta Pública 2023 detectó 45 millones de pesos pendientes de aclarar en operaciones de Liconsa y generó diversas acciones para determinar posibles responsabilidades administrativas.
Entre las irregularidades se encuentran pagos a personas que ya habían fallecido, recursos entregados a proveedores que no cumplían las condiciones establecidas para recibir el precio de garantía y pagos relacionados con leche cuya recolección no pudo ser acreditada.
Los casos se concentraron principalmente en Chihuahua, Jalisco y Coahuila.
Gregorio Chávez, hermano de Andrea Chávez, aparece entre los señalados
Uno de los casos se ubica en Chihuahua, donde Gregorio Chávez Treviño se desempeñaba como gerente estatal de Liconsa.
Chávez Treviño, fue designado como delegado estatal de Liconsa en Chihuahua en noviembre de 2022.
Liconsa pagó más de un millón de pesos a personas fallecidas
De acuerdo con la investigación de Peniley Ramírez, Liconsa realizó pagos por más de un millón de pesos a dos proveedores que ya habían fallecido.
Uno de ellos murió el 5 de febrero de 2023, mientras que el segundo falleció el 4 de marzo del mismo año. Sin embargo, los pagos relacionados con el contrato continuaron durante ese ejercicio.
La irregularidad fue detectada por la ASF a partir del cruce de información de los proveedores con registros oficiales de defunciones.
También señalan a Gregorio Chávez por otros 4.5 millones de pesos
El hermano de Andrea Chávez aparece además relacionado con otra irregularidad en Chihuahua.
Según la investigación, la ASF señaló un posible desvío de aproximadamente 4.5 millones de pesos por pagos de precios de garantía a proveedores que no cumplían con las condiciones establecidas para acceder a ese beneficio.
La periodista buscó a Gregorio Chávez para conocer su postura sobre los señalamientos, pero no obtuvo respuesta.
Los señalamientos no se limitan a Chihuahua. En Jalisco, la investigación menciona a Rubén Ramírez, quien se desempeñaba como gerente estatal de Liconsa. Un documento confidencial de la Secretaría de Agricultura citado por Peniley Ramírez señala una investigación por posibles irregularidades relacionadas con 15.8 millones de pesos pagados a proveedores que no cumplían los requisitos para recibir el precio de garantía.
Mientras que en Coahuila, aparecen Alma Rosa Garza y Eduardo Valdés, subgerentes del Programa de Abasto Social, relacionados con posibles desvíos por 14.9 millones de pesos.
Liconsa también pagó por leche que no fue recolectada
Otro de los casos documentados se registró en Jalisco. La ASF detectó pagos por alrededor de 8.8 millones de pesos relacionados con casi 6 millones de litros de leche cuya recolección y traslado no pudieron ser acreditados.
El hallazgo forma parte del conjunto de irregularidades detectadas en el programa de abasto de leche durante 2023.
La ASF también encontró que Liconsa había pagado más de 35 millones de pesos a personas que habían rebasado el límite máximo de vacas en ordeña y, por esa razón, no eran elegibles para recibir el precio de garantía.
Los pagos irregulares se detectaron en centros de acopio de Coahuila, Chihuahua y Jalisco.
De acuerdo con los datos de la investigación, los montos señalados incluyen 4.5 millones de pesos en Chihuahua, 14.9 millones en Coahuila y 15.8 millones en Jalisco.
Uno de los aspectos que genera dudas es el avance de las investigaciones. Según el documento confidencial obtenido por la periodista, las posibles responsabilidades relacionadas con estos hechos prescribirían en 2030.
El documento también señala que la investigación todavía no había sido remitida por las Direcciones Generales de Dictaminación a la Dirección General de Investigación y Responsabilidades, por lo que el proceso para determinar posibles responsabilidades no se había completado.
Así, mientras la ASF ya había documentado las irregularidades desde 2025, permanece abierta la pregunta sobre qué acciones se han tomado para esclarecer los posibles desvíos y, en su caso, sancionar a los responsables.
