La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua ejecutó una orden de aprehensión en contra del juez de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial Hidalgo, identificado con las iniciales M.J.T., quien actualmente se encontraba suspendido por el Tribunal de Disciplina Judicial y es investigado por presuntos actos de corrupción.
Durante un mensaje dirigido a medios de comunicación y a la sociedad chihuahuense, la Fiscalía Anticorrupción señaló que se trata de un hecho de relevancia institucional, al considerar que es la primera ocasión en que un juzgador penal de la entidad es llevado ante tribunales penales para responder por conductas presuntamente cometidas en el ejercicio de su función. La orden de captura fue librada por una autoridad judicial competente en segunda instancia y ejecutada en la ciudad de Chihuahua por agentes de investigación.
De acuerdo con la investigación ministerial, el juez habría incurrido en el delito de prevaricación agravada, al presuntamente emitir determinaciones contrarias a la ley con la finalidad de otorgar una ventaja procesal indebida a una de las partes dentro de un proceso penal. La Fiscalía indicó que la investigación surgió a partir de denuncias ciudadanas relacionadas con presuntas irregularidades cometidas durante el procedimiento judicial.
Entre los hechos investigados se encuentra una audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa durante el periodo vacacional del Poder Judicial. Previamente, otra jueza había vinculado a proceso al imputado y decretado prisión preventiva justificada; sin embargo, el juez M.J.T. habría modificado esa determinación. La Fiscalía señaló además que existen elementos que apuntan a una relación de amistad entre el juzgador investigado y el abogado defensor.
La representación social sostuvo que durante dicha audiencia el juez habría rebasado los límites de su competencia al cuestionar y revisar los argumentos utilizados por otra juzgadora para imponer la prisión preventiva, pese a que la revisión de esas determinaciones corresponde a las instancias jurisdiccionales competentes mediante los mecanismos de impugnación establecidos por la ley.
La Fiscalía Anticorrupción enfatizó que el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que una medida cautelar puede modificarse cuando hayan variado objetivamente las condiciones que justificaron su imposición. Por ello, consideró que existían elementos suficientes para solicitar y obtener la orden de aprehensión.
Finalmente, la Fiscalía afirmó que respeta la independencia judicial y la libertad de criterio de los juzgadores, pero advirtió que esa autonomía no puede convertirse en un mecanismo de impunidad. Señaló que su función no consiste en investigar el sentido de las sentencias, sino aquellas conductas en las que un servidor público presuntamente desvía su función para favorecer intereses particulares.
“En Chihuahua, la justicia no tiene excepciones y nadie está por encima de la ley”, sostuvo la Fiscalía Anticorrupción al destacar que la investigación continuará conforme avance el proceso penal y que en las próximas horas el detenido será presentado ante la autoridad judicial para la formulación de la imputación.
