Con 21 votos a favor, 11 en contra y una abstención, la 68 Legislatura aprobó en lo general las reformas a la Ley Electoral del Estado y al Código Municipal, en donde destaca la derogación de la elección directa de regidores.
Además, también quedó asentado en dichas reformas, que los partidos políticos y candidaturas independientes podrán optar por registrar en su lista de representación proporcional a la fórmula que hayan registrado para el cargo de Presidencia Municipal.
Además, también destaca que se establecieron diversas causas de pérdida de registro de candidaturas, como lo son el “llevar a cabo o ser beneficiado, de manera directa por actos que, mediante violencia, fuerza armada, intimidación, amenazas o cualquier forma de coacción o amago, impliquen intervención, intromisión, financiamiento, presión, manipulación o influencia indebida en la organización, desarrollo o resultado en el proceso electoral, así como consentir, tolerar o aprovechar de cualquier forma las ventajas o condiciones derivadas de dicha injerencia para favorecer sus actividades ordinarias, precandidaturas o candidaturas que postule o para perjudicar otras precandidaturas, candidaturas o partidos políticos.
Llevar a cabo o ser beneficiado, de manera directa por actos que, mediante violencia, fuerza armada, intimidación, amenazas o cualquier forma de coacción o amago, impliquen intervención, intromisión, financiamiento, presión, manipulación o influencia indebida en la organización, desarrollo o resultado en el proceso electoral, así como consentir, convalidar o capitalizar de cualquier forma las ventajas, presiones o coacciones generadas por dicha injerencia para la obtención del voto o el desarrollo de su precampaña o campaña, o para perjudicar otras precandidaturas, candidaturas o partidos políticos.
Llevar a cabo o ser beneficiado, de manera directa por actos que, mediante violencia, fuerza armada, intimidación, amenazas o cualquier forma de coacción o amago, impliquen intervención, intromisión, financiamiento, presión, manipulación o influencia indebida en la organización, desarrollo o resultado en el proceso electoral, así como consentir, convalidar o aprovechar de cualquier forma las ventajas, presiones o coacciones derivadas de dicha injerencia para la obtención del apoyo ciudadano o del voto durante la campaña o para perjudicar otras precandidaturas, candidaturas o partidos políticos.
