El investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, afirmó que México enfrenta una “ingobernabilidad creciente” derivada del deterioro del Estado de Derecho, en un contexto marcado por las acusaciones en Estados Unidos contra funcionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el jurista señaló que la situación que vive Sinaloa refleja una crisis más amplia en el país y advirtió sobre las consecuencias sociales y humanas de la violencia.
“Es un estado que está sufriendo mucho. No solamente es la parte ostensible, dramática, incluso trágica, que vemos todos los días con los procesos de violencia”, dijo. Añadió que existe “la parte humana de familias desechas, de familias desgarradas, de condiciones de tensión que ya afectan a toda la estructura del estado”.
Valadés alertó sobre el impacto de la violencia en la niñez sinaloense y sostuvo que ya forma parte de la vida cotidiana. “Es grave que ya los niños de cinco y de seis años hagan dibujos en sus escuelas donde lo que refieren son enfrentamientos, balazos, personas colgadas, personas descuartizadas”, expresó. Afirmó que todavía no existe una evaluación suficiente sobre “las condiciones psicológicas y sociales” que enfrentan menores y jóvenes afectados por la violencia.
También se refirió al reclutamiento forzado de menores por organizaciones criminales. Recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó en 2018 el reclutamiento de 30 mil menores de edad y señaló que, desde entonces, no existen cifras actualizadas. Además, criticó que esta conducta no esté tipificada penalmente en México.
El constitucionalista consideró que el caso Sinaloa evidencia “una perturbación del Estado de Derecho y de la gobernabilidad”. En ese sentido, señaló que el involucramiento de autoridades estadounidenses representa un hecho sin precedentes.
“Cuando ya los extranjeros establecen el precedente de acusar a un gobernador en funciones y de advertirnos que van a venir por más”, dijo, se confirma el proceso de deterioro institucional que atraviesa el país.
Asimismo, destacó que la revisión y evaluación de consulados mexicanos en Estados Unidos constituye “un hecho sin precedentes en el mundo entre países que no se encuentran en estado de guerra”. Según explicó, esa medida refleja la percepción internacional sobre la capacidad de gobernabilidad en México.
Vinculó este escenario con el crecimiento de fenómenos como la extorsión por parte del crimen organizado a habitantes de distintas regiones del país. Mencionó que, de acuerdo con denuncias recientes, ya existen cobros a personas “por vivir donde viven”.
Citó indicadores internacionales sobre Estado de Derecho para sostener que México ha retrocedido en los últimos años. Explicó que el país pasó del lugar 116 de 143 naciones evaluadas en 2023 al 121 en 2025. “Eso qué significa: que va deteriorándose la capacidad de gobernar al país”, dijo.
También cuestionó las modificaciones relacionadas con la reforma judicial y la organización de elecciones judiciales y federales. Señaló que, de concretarse los cambios propuestos, México pasaría de tener 10 elecciones federales en 30 años a 19 procesos electorales en 29 años. “Eso abona la ingobernabilidad del país”, afirmó.
“Ahora son las autoridades las que no proceden”
Respecto al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicó que, jurídicamente, al solicitar licencia dejó de contar con inmunidad constitucional. “Él ya prescindió del fuero. Al pedir licencia”, indicó. “Él se puso a disposición de las autoridades y ahora son las autoridades las que no proceden”.
El investigador explicó que, conforme al procedimiento legal, las autoridades estadounidenses deben presentar pruebas una vez que exista detención formal. “Para presentar las pruebas, primero tiene que ser detenido”, precisó.
Añadió que, si eventualmente se acreditara responsabilidad penal del mandatario sinaloense, el impacto institucional sería severo debido al respaldo político que recibió públicamente desde el poder federal.
“El solo hecho de ser encontrado responsable sería gravísimo para la salud de las instituciones”, afirmó. Según dijo, ello implicaría que “el nivel de impunidad ha llegado a tal punto que incluso una persona con hipotéticas responsabilidades delictivas ha sido protegida por el aparato político”.
Valadés aclaró que esto no significa que quienes ocupan los más altos cargos de responsabilidad en el país estén involucrados, pero sí, sostuvo, “afecta su juicio, su percepción de la realidad, su capacidad de discriminar entre lo que creen y lo que realmente sucede”.
“Y de poner al servicio de hipotéticas personas responsables de comisión de delitos todo el apoyo del aparato político nacional. Eso es de una enorme gravedad”, añadió.
Sobre el caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, rechazó que existan elementos suficientes para configurar el delito de traición a la patria por la presencia de agentes de la CIA en un operativo contra laboratorios clandestinos en abril de este año.
“La tipificación de la traición a la patria es muy precisa”, explicó, y consideró “prácticamente imposible” demostrar que la actuación señalada pusiera en riesgo la independencia nacional.
También afirmó que el juicio político promovido por Morena en ese caso carecería de viabilidad práctica debido a que la decisión final correspondería al Congreso estatal. “Las consecuencias jurídicas de lo que se está haciendo son absolutamente inviables”, concluyó.
Información de Aristegui Noticias
