Ante la presentación de una reforma constitucional por parte de diputados locales de Movimiento Ciudadano, Verde y PT para fortalecer la independencia de la Auditoría Superior del Estado, en donde destaca otorgar fuero al titular de la ASE, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, dijo estar a favor, pues “la figura del auditor necesita tener fuero”.
“Por el trabajo que desempeña necesita tener fuero. Hay casos que no son menores”, argumentó Estrada Sotelo.
Respecto al trabajo del auditor Héctor Acosta Félix, el coordinador parlamentario expresó que “aunque hemos tenido diferencias con él en algunos temas. Nadie es monedita de oro, pero ya cuando lo ponderas y analizas de forma integral, ha hecho un buen trabajo”.
La propuesta mencionada plantea incorporar a quien ocupe la titularidad de la Auditoría Superior del Estado dentro del catálogo de cargos contemplados en el artículo 179 de la Constitución Política del Estado, con el objetivo de fortalecer las garantías institucionales de una función estratégica para la rendición de cuentas.
La iniciativa parte de la importancia de garantizar que la fiscalización de los recursos públicos pueda realizarse con independencia frente a intereses políticos, económicos o administrativos que pudieran verse involucrados en las investigaciones. La Auditoría Superior tiene entre sus responsabilidades fiscalizar los recursos públicos, revisar las cuentas públicas, formular observaciones y promover acciones para la determinación de responsabilidades.
Los promoventes explicaron que actualmente la persona titular de la Auditoría Superior puede ser sujeta a juicio político, pero no se encuentra incluida dentro del catálogo de cargos contemplados en el artículo 179 constitucional, lo que genera una asimetría dentro del régimen de garantías institucionales.
La reforma busca atender esta situación ante el riesgo de que denuncias penales instrumentales, presiones públicas o litigios puedan utilizarse para inhibir investigaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos, contratación, obra pública, deuda, subsidios o programas gubernamentales.
