Los nombres de Christopher, Eitan Daniel, Jassiel Giovani y Seyni Camila volvieron a resonar frente al Palacio Municipal de Chihuahua. Una ofrenda colocada en el exterior del edificio reunió la memoria de niñas y niños que fueron asesinados en distintos hechos violentos, recordándole a la sociedad que detrás de cada crimen hubo una vida que apenas comenzaba, sueños que no pudieron cumplirse y familias condenadas a vivir con una ausencia irreparable. Sus nombres no son solamente parte de una estadística de violencia: representan infancias que tenían derecho a crecer, jugar y sentirse protegidas.
En Chihuahua, la violencia contra niñas, niños y adolescentes ha dejado de ser una suma de hechos aislados para convertirse en una emergencia que exige atención estatal. De acuerdo con indicadores de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la entidad ocupa el sexto lugar a nivel nacional en incidencia delictiva contra este sector de la población. Tan solo durante enero, se contabilizaron 524 menores de edad como víctimas directas de diversos delitos, una cifra que refleja la vulnerabilidad en la que viven miles de niñas y niños y que obliga a cuestionar las condiciones de seguridad, protección y cuidado que les ofrece su entorno.
En los últimos diez años han quedado episodios que estremecen por la crueldad con la que fueron privados de la vida menores de edad. Algunos de los casos más dolorosos ocurrieron dentro de los propios hogares, donde la figura que debía representar cuidado y protección terminó convertida en una amenaza. Así ocurrió con la hija de Yomara, una pequeña de cuatro años, originaria de Delicias, quien murió después de recibir una golpiza presuntamente propinada por su madre, luego de haberse comido un plato de sopa que no era para ella. Una acción propia de la inocencia infantil terminó en una tragedia que evidenció la dimensión que puede alcanzar la violencia contra los más vulnerables.
La violencia también ha tenido como protagonistas a otros menores. En mayo de 2015, Christopher Raymundo Márquez Alvarado, de apenas seis años, fue asesinado en la colonia Laderas de San Guillermo, en Aquiles Serdán. Cinco menores participaron en los hechos, bajo una supuesta dinámica de juego de secuestro; por su edad, únicamente dos adolescentes de 15 años podían enfrentar acción penal. En octubre de 2016, dos hermanitos fueron asesinados en el fraccionamiento Atenas, al norte de Chihuahua, presuntamente por su padrastro, quien habría aprovechado que la madre se encontraba trabajando para cometer el crimen y ocultar los cuerpos en una alfombra, dejándolos posteriormente en el patio de la vivienda.
Otro nombre que permanece en la memoria es el de Seyni Camila Cobos Medina, de siete años, quien en octubre de 2018 fue sustraída mientras jugaba con una prima afuera de su casa, en la ciudad de Chihuahua. La activación de la Alerta Amber y del Protocolo Alba no logró evitar el desenlace: su cuerpo fue localizado sin vida y Juan Manuel N., conductor de transporte público, fue detenido y posteriormente sentenciado a 115 años de prisión.
Los crímenes contra la infancia no terminan cuando se dicta una sentencia; sus consecuencias permanecen en las familias y en una sociedad que debe cuestionarse qué está haciendo para proteger a sus niñas y niños.
La ofrenda frente al Palacio Municipal es, por ello, mucho más que un homenaje: es un llamado a no olvidar, a no normalizar la violencia y a entender que proteger la infancia es una responsabilidad colectiva. Ningún niño debería convertirse en recuerdo antes de tener la oportunidad de vivir su niñez.
