Las comunidades rarámuri de la región de Norogachi levantaron la voz contra lo que consideran una contradicción del Gobierno Federal: mientras presume haber entregado directamente a los pueblos indígenas recursos para decidir sobre su propio desarrollo, funcionarios federales estarían imponiendo condiciones sobre la manera en que ese dinero debe ejercerse.
Gobernadores indígenas, acompañados por autoridades locales y representantes comunitarios de Guachochi, señalaron que el esquema del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) está dejando de lado las decisiones tomadas por las propias comunidades.
De acuerdo con su denuncia, personal de la Secretaría de Bienestar estaría interviniendo en la selección de constructoras, proveedores de materiales y servicios de transporte que participan en las obras financiadas con estos recursos.
Para las autoridades tradicionales, el problema no es menor: si una comunidad recibe recursos pero no puede determinar libremente quién realiza las obras ni dónde adquiere los materiales, la supuesta autonomía queda reducida a un trámite.
Los representantes rarámuri sostienen que las comunidades cuentan con sus propios mecanismos para identificar necesidades, aprobar proyectos, organizar los trabajos y vigilar el uso del dinero. Son las asambleas comunitarias, afirman, las que deben tener la última palabra.
También cuestionaron que desde las instituciones federales se establezcan catálogos y criterios que limitan las obras que pueden financiarse, pues consideran que las prioridades de una comunidad no pueden definirse desde un escritorio, lejos de la realidad de la Sierra Tarahumara.
La inconformidad fue formalizada mediante un escrito dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y a la Secretaría de Bienestar.
En el documento, las autoridades tradicionales reclaman que los recursos destinados a los pueblos originarios permitan fortalecer también la economía de sus propias comunidades, contratando a constructores, transportistas y proveedores de la región, en lugar de canalizar el gasto hacia empresas externas.
El planteamiento de fondo es claro: si el Gobierno Federal realmente reconoce la autonomía de los pueblos indígenas, debe respetar también su capacidad para decidir cómo y con quién ejercer los recursos que les corresponden.
Las autoridades rarámuri exigieron que se eliminen los condicionamientos y que sean las propias comunidades, mediante sus asambleas y estructuras tradicionales, quienes determinen sus obras, proveedores y mecanismos de ejecución.
Lo que está en disputa, advierten, no es solamente el destino de un fondo público. Es quién tiene la última palabra sobre el desarrollo de los pueblos indígenas: las comunidades que conocen sus necesidades o los funcionarios que deciden desde las oficinas federales.
Finalmente denuncian que “se habla de autonomía, pero cuando llega el momento de ejercer los recursos, desde el Gobierno Federal quieren seguir tomando las decisiones para beneficiar a cercanos al gobierno”.
