El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) adjudicó un contrato sin licitación de 16,7 millones de dólares para la adquisición de 6 mil guantes capaces de administrar descargas eléctricas, una herramienta que, según la agencia, ayudará a los agentes a controlar a los detenidos que se resisten y a evitar el uso de armas más letales.
En la documentación del contrato, publicada este jueves, el ICE describe los guantes como “dispositivos conductores de distracción y desescalada” y alega que esta nueva tecnología ofrecerá al personal una opción de menor impacto durante arrestos, traslados de detenidos y disturbios en los alrededores de los centros de detención.
“Actualmente, el ICE no dispone de ningún dispositivo de uso de la fuerza que no implique el uso de las manos para proporcionar a sus agentes sobre el terreno, en un contexto de niveles sin precedentes de amenazas y violencia contra los oficiales y agentes del ICE, con el fin de garantizar que puedan calmar situaciones tensas antes de que se conviertan en violentas”, alega el cuerpo.
Según la justificación de la compra, el guante G.L.O.V.E. (guante, en inglés, formado por las siglas de ‘Emisor de Bajo Voltaje de Salida Generado’, también en inglés) será empleado cuando una persona “se resista activa o pasivamente y un agente necesite controlarla rápidamente para evitar lesiones a ambas partes”.
Tras el anuncio, la senadora demócrata de Nevada Catherine Cortez Masto y otros 15 senadores -14 demócratas y un independiente instaron al ICE a abandonar la compra.
“La adquisición propuesta plantea serias dudas sobre la necesidad, la proporcionalidad, la seguridad médica, la formación, la rendición de cuentas y los derechos constitucionales”, alegaron los firmantes, subrayando que “esas dudas revisten especial importancia, dado el intenso escrutinio público que rodea al uso excesivo de la fuerza por parte de ICE”.
En concreto, argumentaron “el uso indebido, flagrante y trágico de la fuerza en Los Ángeles, Chicago, Minneapolis, Houston, Maine y otros lugares del país suscita un gran escepticismo sobre la capacidad profesional de la agencia para implementar de forma segura una nueva herramienta que podría utilizarse para causar daño a los estadounidenses sin motivo alguno”.
“Instamos al ICE a que rescinda el contrato y reconsidere la compra”, dijeron, agregando que “si el ICE sigue adelante con la compra (…) el Congreso debe conocer con claridad la seguridad de este dispositivo y los usos autorizados”.
