Quito. Los integrantes de las Fuerzas Armadas estadunidenses, empleados civiles del Departamento de Defensa, empresas extranjeras contratadas o subcontratadas por ese departamento y sus trabajadores no ecuatorianos podrán ingresar sin necesidad de permisos oficiales y contarán con inmunidad para cualquier acción de carácter judicial, tras el Acuerdo Ministerial del gobierno de Daniel Noboa, que se respalda en el Estatuto de las Fuerzas —SOFA— entre Ecuador y Estados Unidos.
Y esto ocurrió el mismo día, este 18 de agosto, que el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, se reunía en Quito con el ministro de Defensa del Ecuador, Gian Carlo Loffredo y el titular del Comando Conjunto, Henry Delgado, para revisar los avances de las operaciones conjuntas, supuestamente para el combate contra el “narcoterrorismo”.
De acuerdo con ese documento, todas esas personas tendrán hasta 180 días no renovables dentro de cada año, con entradas múltiples, mediante un registro denominado “Actos de Comercio y Actividades”, sin necesidad de una visa ecuatoriana. Incluso, para ingresar bastará con llevar pasaporte o identificación oficial estadounidense, una orden colectiva de movimiento o individual de viaje, expedida por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Pero no solo eso, el documento explica las ventajas como la exención de tasas migratorias para el personal y para las naves y aeronaves estadunidenses; la protección frente a sanciones administrativas migratorias mientras la permanencia sea regular; la tramitación diplomática cuando las actuaciones involucren a personas cubiertas por privilegios e inmunidades, con lo cual podrían realizar cualquier tipo de actividad sin responder a las autoridades judiciales.
El acuerdo ministerial es mandatorio expresamente para contratistas y subcontratistas del Departamento de Defensa, no solamente a militares, a los cuales en una situación regular se les pediría visa de trabajo y no con entradas múltiples.
Y lo que esta normativa no explica es de cuántos militares, civiles o contratistas podrían ingresar, si para ello deben quedar identificados o registrados sus nombres, compañías y funciones, las provincias, instalaciones o puertos donde operarán, si portarán armas o participarán directamente en ataques, qué autoridad ecuatoriana aprobará cada misión y qué jurisdicción investigará posibles muertes, lesiones o daños civiles.
El punto crítico es la rendición de cuentas: las inmunidades y la canalización diplomática pueden dificultar que autoridades y víctimas ecuatorianas investiguen directamente posibles abusos. Esto adquiere mayor gravedad tras las denuncias sobre ataques a pescadores y el anuncio de trasladar a tierra la campaña militar estadunidense.
