Santiago. El deterioro de la seguridad pública en Chile, alcanzó en la madrugada del martes otro grado de tragedia e inflexión, con la muerte de un niño de 12 años de edad, cuando delincuentes cometieron una “encerrona” para robar el auto en que viajaba junto a su padre y una tía, en el municipio de San Bernardo, al sur de Santiago.
Y si el hecho es suficiente para agravar lo que las personas describen y perciben como su mayor preocupación y problema nacional -el embate de la delincuencia-, las circunstancias del deceso amplifican la conmoción: conminada la familia a bajar del automotor, él menor quedó atrapado entre el cinturón de seguridad y la calle, siendo arrastrado durante unos 3 kilómetros en la huida.
Al percatarse, los malhechores, lo abandonaron, siguiendo a pie.
Hacia el final de la tarde, se anunciaba la captura de tres presuntos autores, dos de ellos adolescentes.
En 2021, también en una “encerrona” -los asaltantes bloquean el avance de un vehículo para forzar su detención y robarlo-, una niña de 5 años pereció al recibir un balazo.
A 100 días de asumido, para el ultraderechista presidente José Antonio Kast, que hizo de erradicar la delincuencia su mayor promesa, se trata de un fracaso feroz.
Casi lo admitió el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau: “Es durísimo estar acá reconociendo que en este caso el Estado falló. El Estado que tiene como rol primario garantizar la seguridad, la integridad física de las personas, falló”, dijo.
Describió lo sucedido como “un delito brutal que enluta a una familia y golpea a todo Chile”, agregando que “estos asesinos no merecen ninguna clemencia. La investigación avanza y todo el sistema de seguridad está coordinado para encontrarlos, detenerlos y llevarlos ante la justicia. A la familia, todo nuestro apoyo. A este niño le debemos mucho más que condolencias: le debemos justicia”.
El alcalde de San Bernardo, el socialista Christopher White (PS), pidió que el Ejército sea desplegado en su municipio.
“La sensación es que los delincuentes hacen lo que quieren, no tenemos medidas, no tenemos acciones concretas. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, que militares colaboren en tareas de copamiento, porque aquí el problema es que no tenemos capacidad de respuesta, esa es la verdad”, dijo.
“Hay un solo enemigo común, se llama crimen organizado, nos está pasando por encima porque no tenemos capacidad práctica de hacer seguimiento a todo lo que está ocurriendo. Si no tenemos presencia policial, ¿por qué no ocupar esa de fuerza?”, reclamó.
Alcaldes y parlamentarios tanto oficialistas como opositores respaldaron la posibilidad.
También insistieron en la aprobación legislativa de un proyecto que reduce la edad de imputabilidad penal adolescente hasta los 12 años, y que el régimen de reclusión sea permanente y no, por ejemplo, solo nocturno u otras modalidades parciales.
Expertos alertaron que un régimen más punitivo no impacta en reducir la criminalidad adolescente, al contrario: más cárcel los hace convivir siempre con delincuentes profesionales; y que el crimen organizado no renunciará a seguir reclutando entre jóvenes que conviven en un mundo social marginal.
