La diputada Edith Palma Ontiveros, quien integra el Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Congreso una iniciativa con carácter de decreto y reformar disposiciones del Código Penal, de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, y de la Ley Estatal de Educación, para establecer sanciones precisas para quien o quienes, por actos imprudenciales, provoca incendios forestales en los bosques de la Sierra Tarahumara.
La diputada originaria de Guachochi, expuso que Chihuahua es primer lugar en superficie forestal en el país con 18.8 millones de hectáreas, destacando bosques de coníferas, encinos, especies mixtas y arbustos de pequeña talla, donde al ser territorio con vocación forestal, datos oficiales apuntan que los ejidos, comunidades y colonias, son dueños del 63.2 por ciento de los bosques del estado; el resto es propiedad privada, y un menor porcentaje propiedad nacional.
‘Lo cierto es que pareciera que no tenemos claro el enorme riesgo en que ponemos, no solamente la riqueza forestal de la sierra de Chihuahua y sus enormes y variados recursos, sino la vida de las personas que en ella tienen su vivienda y su único patrimonio’ alertó la diputada por morena al recordar que el aumento de las temperaturas, el cambio de patrón de las lluvias, sequías cada vez son más prolongadas y severas colocan a los bosques en el escenario perfecto para incendios devastadores.
De acuerdo al reporte semanal de Incendios Forestales emitido por el Programa de Manejo de Fuego de la Comisión Nacional Forestal, la información concentrada de enero a septiembre de 2025, Chihuahua concentró la mayor afectación a las áreas forestales en el país, con 595 incendios, que dañaron 203 mil 304. 59 hectáreas.
Donde de esos 595 registrados al menos el 24.5 por ciento fue causado de manera intencional, un 42 por ciento por actividades agrícolas, y el resto provocados por diversas causas como fogatas, actividad de fumadores, la quema de basureros o residuos de festividades. Los territorios mayormente afectados en los tres últimos según el mismo informe, son Guadalupe y Calvo, Madera, Guachochi, Balleza, Bocoyna, Morelos y Moris.
Actualmente denunció la diputada Palma Ontiveros el Código Penal del Estado, solo sanciona a quien se le compruebe que actuó con dolo para afectar el patrimonio forestal, imponiendo una pena de dos a seis años de prisión y multa de 300 a tres mil UMAS. Por ello la iniciativa pide visibilizar la acción imprudencial como una causa también del delito y también de otorgar una pena específica para el caso de los incendios provocados por la imprudencia de las personas, de ahí el interés de proponer la separación de las figuras de intencionalidad e imprudencia en la legislación forestal, señaló.
El decreto pide modificar el artículo 360 del Código Penal, para quien provoque dolosamente un incendio en terreno forestal que cause daño ambiental, se le imponga una pena de dos a seis años de prisión y una multa de trescientas a 60 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMAS). Pero en caso de que el incendio en un terreno forestal sea provocado de manera imprudencial causando daño ambiental se aplicará una pena de seis meses a dos años de prisión. Además de los penalmente culpables estarán obligados a llevar a cabo de manera inmediata la restauración forestal de la superficie afectada, concluyó la legisladora por morena.
