Luego de aprobar la proposición de la diputada Rosana Díaz Reyes (MORENA), la 68 Legislatura local, solicitó a la Fiscalía General y a la Secretaría de la Función Pública, ambas del Estado de Chihuahua, un informe de las labores implementadas, y sus resultados, para facilitar un esquema accesible de denuncia, seguimiento e investigación oportuna, de las diversas formas de violencias cometidas contra pacientes y personal dentro de clínicas, instalaciones hospitalarias, unidades médicas y los centros de atención a la salud pública.
De la misma manera, se pidió a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que informe si ha implementado programas y mecanismos para la erradicación de las prácticas discriminatorias, así como de acoso y violencia normalizada, que se dan dentro de las instalaciones hospitalarias y de atención a la salud pública en la entidad.
El llamado se hizo extensivo al Gobierno Federal para que, se informe sobre resultados en la materia; esto luego de que se aprobara por mayoría la moción de la diputada Yesenia Reyes (PAN).
En la lectura de la proposición, Díaz Reyes dejó en claro dos problemáticas en particular: La primera, son los abusos, la discriminación y las omisiones ejercidas contra pacientes y usuarios de los servicios médicos y, la segunda, son los actos de acoso y abuso ejercidos contra el propio personal de salud.
Al respecto, comentó que, en la primera problemática, prevenir y en su caso sancionar, las violencias, discriminaciones y negligencias que sufren los pacientes, siempre será prioridad para cualquier sociedad, esto es así por el peligro público que representan dichas circunstancias como cuando una persona está enferma o herida, su atención y preocupación se centra en su recuperación y no sumar más preocupaciones.
Sobre el otro problema, mencionó que, si se exige un servicio médico de calidad, se debe a voltear a ver la que en donde el gran grosor del personal es interno, residente y personal transitorio, quienes en una continua situación de desigualdad se ven envueltos en tratos ahogantes, déspotas y muchas veces degradantes. Desde la prestación de internado de pregrado con exigencias más allá de las laborales, pues a pesar de tener la norma de descanso de dos días, con las guardias pueden cumplir jornadas de encierro hospitalario de 30 o 36 horas.
Por último, la diputada precisó que su exposición es de casos concretos, que se dan cotidiana y sistemáticamente, pero no por casos particulares todo el sector salud y la comunidad médica es culpable, tampoco es responsable. Al contrario, la enorme mayoría de hombres y mujeres, que integran las áreas administrativas, de enfermería y médicas en la prestación de servicios de salud, son personas con integridad, ética e indudable capacidad. Debemos valorar y admirar su labor, aunque No veamos todo lo que hay detrás de una consulta, una atención o trámite.
