La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua formuló imputación en audiencia inicial en contra de F. M. S., ex director administrativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, por su probable responsabilidad en el delito de PECULADO AGRAVADO, derivado de hechos ocurridos en el ejercicio fiscal 2020, año en el que se celebró por el hoy imputado un contrato pluri anual para los años 2020, 2021 y 2022 por un monto de 31 millones 570 mil 451.46 pesos de recursos públicos de la institución, por lo que se presume, se desvío de su objeto fondos de la UACH, correspondiente a diversas finalidades programadas para el año 2020, ya que en el plan anual de ese año no se encontraba previsto el arrendamiento de vehículos.
De acuerdo con los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, la investigación establece que, durante la pasada administración de la UACH, se autorizaron y ejecutaron erogaciones no previstas en el presupuesto aprobado, específicamente mediante el arrendamiento de 42 vehículos con la empresa Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM ENR., a través del contrato número UACH-DA-A140501-2020-P. De forma irregular.
Es importante precisar que la presente investigación tiene su origen en la revisión que realizó el Ministerio Público Anticorrupción de la cuenta pública, específicamente en el informe individual de Auditoría, correspondiente a diciembre de 2021, donde, en las observaciones 4 y 5 se advirtieron posibles irregularidades en el manejo de recursos. Derivado de ello, se requirió información a la Universidad Autónoma de Chihuahua y, posteriormente, la representación legal de la propia institución presentó la denuncia formal, dando inicio a la indagatoria que hoy se encuentra en etapa de judicialización.
Cabe mencionar que dicha operación se llevó a cabo a pesar de que el presupuesto autorizado para la adquisición de activo fijo en el ejercicio fiscal contemplaba únicamente la cantidad de 8 millones 500 mil pesos y no para arrendamiento de vehículos, lo que evidencia una desviación significativa de recursos públicos hacia una finalidad no prioritaria, afectando la capacidad financiera y el patrimonio de la institución educativa durante la administración inmediata anterior, por una decisión de carácter unilateral de la autoridad en turno.
La conducta atribuida ha sido clasificada jurídicamente conforme al artículo 270 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que establece el delito de peculado, sancionado con pena de 4 a 12 años de prisión y multa de 500 a 2000 días multa.
La audiencia de imputación duro 6 horas donde se expusieron los datos de prueba expuestos por la Fiscalía Anticorrupción, y el próximo lunes 27 de abril a las 8:00 am se llevará acabo la continuación de la audiencia de Vinculación a Proceso.
En tanto, la Fiscalía Anticorrupción refrenda su compromiso de investigar y perseguir los actos que vulneren el correcto uso de los recursos públicos, en apego al debido proceso, la legalidad y siempre en defensa del patrimonio de las y los chihuahuenses.
