La 68 Legislatura del Congreso de Chihuahua exhortó a la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado y a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, a fin de que se implementen las acciones necesarias para garantizar el acceso efectivo, suficiente, salubre y asequible al agua potable en dicho municipio.
En este mismo sentido, se aprobó la moción planteada por el diputado Alfredo Chávez, a fin de exhortar a las autoridades correspondientes del municipio de Ciudad Juárez para que implementen mecanismos legales para la regularización de predios.
Lo anterior luego de que fuera aprobada la proposición de la diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco, en la cual planteó la necesidad de asegurar este derecho humano fundamental para todas las personas, independientemente de la situación jurídica de los predios que habitan.
Dentro de la exposición, destacó que el acceso al agua potable es un derecho reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo indispensable para la vida digna y el ejercicio de otros derechos como la salud y el bienestar.
Asimismo, detalló que, en diversas colonias de Ciudad Juárez, particularmente en asentamientos irregulares, persisten condiciones de rezago en el acceso a servicios básicos, lo que coloca a sus habitantes en una situación de vulnerabilidad. En este contexto, refirió casos específicos como el de la colonia Pánfilo Natera, donde se han presentado problemáticas relacionadas con el suministro de agua.
Dicha colonia, al igual que muchas otras en el municipio, enfrenta condiciones de precariedad derivadas de la irregularidad en la tenencia de la tierra y la falta de infraestructura hidráulica, lo que obliga a sus habitantes a recurrir a mecanismos alternativos, muchas veces insuficientes, para satisfacer sus necesidades básicas de agua.
La Legisladora agregó que, condicionar el acceso al agua potable a la regularización de los predios no sólo resulta jurídicamente cuestionable, sino que también perpetúa condiciones de desigualdad y exclusión social, por lo que resulta necesario adoptar un enfoque basado en derechos humanos que priorice a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad.
Además, se resaltaron criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se establece que el acceso al agua no debe condicionarse a la acreditación de la propiedad, reconociendo además la obligación del Estado de garantizar un mínimo vital para la población.
