Santiago. Doce parlamentarios del oficialismo derechista concretaron la presentación en la Cámara de Diputados, de una acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda Nicolás Grau, a quien responsabilizan de supuestamente falsear intencionalmente cifras acerca del estado de las finanzas públicas.
Concretamente, se le recrimina quebrantar el principio de probidad y las reglas que regulan la administración financiera del Estado.
Grau ejerció durante los siete meses últimos de la presidencia del izquierdista Gabriel Boric, entre agosto de 2025 y marzo de 2026; y previamente, desde marzo de 2022, fue titular de Economía.
El juicio político a Grau es promovido por los extremistas partidos Nacional Libertario y Republicano -este del presidente ultraderechista José Antonio Kast-, pero lo apoya todo el espectro conservador, para inhabilitarlo por cinco años de cargos públicos, desacreditando a la administración Boric, algo en que el oficialismo se empeña a diario.
La acusación se gestó cuando el ahora titular de Hacienda, Jorge Quiroz, de la máxima confianza de Kast, dijo que las cifras de las finanzas públicas mostraban “inconsistencias”.
Específicamente, Quiroz dijo que la deuda pública para 2026/30, era 10 mil 500 millones de dólares más elevada que lo informado por Grau, y que el déficit fiscal estructural (de largo plazo) era de 3.7 por ciento del producto interno bruto (PIB), más de dos puntos por encima del 1.6 por ciento informado. También prometió investigar responsabilidades y si se trató o no de “un error u otro tipo de elementos”, insinuando así una premeditación o mala intención dolosa.
La acusación coincide con la discusión legislativa de una reforma fiscal que costaría hasta en 4 mil 800 millones de dólares anuales, por efecto de bajar impuestos a la renta al gran empresariado, causando déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso si sucede el mayor crecimiento que se busca estimular. Aprobada en la Cámara de Diputados, está ahora en el Senado, donde la derecha por si sola no tiene mayoría suficiente y requiere negociar, lo cual se puede complicar a propósito de la tramitación paralela de la acusación, e incluso marcando el carácter de las relaciones entre oficialismo u oposición para el resto del gobierno de Kast.
Un grupo de 52 economistas, varios de quienes condujeron la hacienda pública, respaldaron a Grau, señalando que “no es la primera vez que surgen diferencias importantes en los supuestos y proyecciones fiscales entre dos administraciones. Pero esta sería la primera vez desde el retorno a la democracia que por una materia de esta naturaleza se acusaría a un exministro de Hacienda, abriendo con ello una senda que debilitará nuestra institucionalidad económica”.
