Integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) instalaron este lunes una jornada informativa en la Plaza de Armas para visibilizar el caso de Erika, una mujer sentenciada por el delito de trata de personas, cuya defensa sostiene que fue juzgada sin perspectiva de género y sin que las autoridades consideraran el contexto de violencia familiar y vulnerabilidad en el que vivía.
Durante la actividad, las defensoras invitaron a los transeúntes a conocer el caso mediante pancartas informativas y a plasmar su opinión, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y promover que se haga justicia para Erika, quien desde 2019 permanece privada de la libertad en el Cereso Femenil de Chihuahua.
“Conozcan su historia”
La abogada Nubia Arellanes Orozco, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, explicó que la intención es evidenciar que existen diversos procesos judiciales en los que, aseguró, las mujeres no han sido juzgadas con perspectiva de género ni con pleno respeto a sus derechos humanos.
“Estamos aquí para visualizar estos casos. Erika es una de las personas que podría beneficiarse con la Ley de Indulto recientemente aprobada en Chihuahua, aunque todavía existen requisitos que dificultan su aplicación. Queremos que la sociedad conozca su historia y reflexione porque hay muchos casos similares”.
La litigante detalló que Erika, una mujer de escasos recursos, fue detenida luego de que autoridades localizaran a su hija de 13 años vendiendo mazapanes junto con ella en la vía pública. Mientras la adolescente fue considerada víctima, Erika fue procesada y posteriormente sentenciada por el delito de trata de personas.
La defensa sostiene que tanto Erika como su hija eran víctimas de violencia familiar, situación que, afirman, no fue tomada en cuenta durante el proceso judicial. Además, señalaron que la mujer padece lupus y una condición de discapacidad que le impedía acceder a un empleo estable, razón por la que obtenía ingresos mediante la venta de dulces en la calle.
Tras las rejas y colecta para su fianza
Actualmente, Erika cumple una condena de 13 años de prisión. Durante su estancia en el Cereso Femenil dio a luz a su segundo hijo, quien permaneció con ella hasta cumplir tres años de edad, como lo permite la legislación, y posteriormente dejó de vivir con su madre.
Arellanes Orozco informó que, además de impulsar la aplicación de la Ley de Indulto, realizan una colecta para reunir los 40 mil pesos que, según explicó, Erika debe cubrir para poder acceder a su libertad.
Erika no está sola
Asimismo, indicó que el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres continúa brindando asesoría jurídica a personas privadas de la libertad y revisando otros expedientes en los que consideran que existen omisiones en la valoración del contexto de violencia y vulnerabilidad de las mujeres procesadas.
Las defensoras también señalaron al Poder Judicial del Estado y a la Fiscalía General del Estado por, a su juicio, no incorporar una perspectiva de género en este tipo de asuntos, lo que, sostienen, deriva en resoluciones que no reflejan las circunstancias particulares de las mujeres involucradas.
