El objetivo es evitar que en 2028 se realicen dos procesos electorales y con ello, lograr ahorros, ya que cada elección tendría un costo de 6 mil millones de pesos.
La iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum para postergar la elección judicial buscará también empatar este proceso electoral con una posible consulta de revocación de mandato en 2028.
De acuerdo con fuentes consultadas, esa modificación sería parte de la propuesta que el Congreso prevé discutir en el periodo extraordinario que se llevará a cabo la próxima semana.
El objetivo es evitar que en 2028 se realicen dos procesos electorales y con ello, lograr ahorros, ya que cada elección tendría un costo de 6 mil millones de pesos.
Actualmente, el artículo 35 de la Constitución establece que la revocación de mandato se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, es decir a más tardar en el mes de abril del próximo año, mientras que la elección judicial estaría prevista para el 4 de junio.
“Sí está contemplado así: que el mismo día de la elección sea la revocación por una razón de economía, porque te cuesta cada una como 6 mil millones de pesos, entonces no vas a hacer dos procesos”, indicaron.
Este lunes, en su conferencia mañanera, la Presidenta anunció que enviará al Congreso una reforma constitucional para posponer a 2028 la elección del Poder Judicial, con modificaciones al modelo de votación, reducción de candidaturas y nuevos filtros de evaluación.
Estas modificaciones representarían cambios a la reforma judicial que Morena y sus aliados aprobaron apenas en septiembre de 2024.
Asimismo, en la información mañanera se aseguró que “podrían” ser concurrentes la elección judicial y la revocación, pero las fuentes consultadas afirmaron que el oficialismo impulsará que esto ocurra.
Ven en reforma oportunidad para evitar ‘juzgadores de acordeón’
En conferencia, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López (PAN), afirmó que la iniciativa anunciada por la titular del Ejecutivo federal es la oportunidad para corregir las deficiencias de la reforma judicial aprobada por la mayoría en 2024 y evitar que haya “juzgadores de acordeón”.
Dijo esperar que el Gobierno federal aproveche la revisión de la reforma judicial para evitar que las carreras de juzgadores que han costado décadas construir no se destruyan por una “bolita de tómbola”.
“Puede ser esta una buena oportunidad para revisar de manera integral la reforma judicial. ¿Qué significa revisar de manera integral? Pues que, por supuesto, podamos garantizar que no haya juzgadores de acordeón, podemos garantizar que no se destruya la carrera de expertos en las materias por una bolita de tómbola. Yo estoy absolutamente convencida, es una gran oportunidad para corregir las deficiencias de la reforma judicial”, dijo.
“Ojalá y podamos tener esa oportunidad de aprovecharla y construir entre todos los grupos parlamentarios con altura de miras, pensando en que este país necesita justicia y necesita evidentemente un Poder Judicial fuerte”.
En su turno, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, rechazó que los cambios a la reforma judicial sea un reconocimiento de que ésta es deficiente.
“Yo creo que todas las leyes son perfectibles siempre, no hay leyes perfectas, nunca las ha habido desde la antigüedad, y lo que esta pasando es que están proponiendo cómo mejorar y enriquecer el proceso y cómo evitar que las críticas sean permanentes en lo que falló”, señaló.
No obstante, reconoció que las modificaciones que motivaron las críticas de los acordeones se puede eliminar con la iniciativa del Ejecutivo federal.
“Yo creo que el número de aspirantes que motivó la crítica de los acordeones se puede eliminar con las propuestas que se hagan por parte del Ejecutivo federal”, afirmó.
El legislador dijo simpatizar con la propuesta que presentaron integrantes de su bancada como el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar y la ex Ministra Olga Sánchez Cordero, para mejorar los requisitos que deberán cubrir los aspirantes a juzgadores.
Monreal informó que la iniciativa presidencial será turnada formalmente por la Permanente a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el próximo jueves.
De acuerdo con la ruta que negocia con los grupos parlamentarios, del 21 al 26 de mayo, se dictaminaría la propuesta presidencial, el miércoles 27 de mayo se instalaría formalmente el periodo extraordinario en San Lázaro y ese mismo día se llevaría a cabo la discusión y votación en el pleno.
El coordinador morenista adelantó que, junto con la iniciativa de la Presidenta, analizarán las que actualmente se encuentran en la Comisión de Puntos Constitucionales, entre ellas, la presentada por Ramírez Cuéllar y Sánchez Cordero en abril pasado.
