Buenos Aires. El gobierno del presidente Javier Milei debió ceder ester martes al menos para dialogar con los 450 prácticos navales argentinos, que desde este lunes mantenían un paro que detuvo la salida y entrada de buques con carga de importación y de exportación en rechazo a un decreto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que establece que las empresas navieras no están obligadas a contratarlos, a pesar de que son los únicos especializados que garantizan la seguridad de estas operaciones y evitan riesgos de colisión, derrame y cualquier accidente que pueda poner en peligro las cargas.
El “desregulador serial”, como le llaman a Sturzenegger, intenta “bajar costos” y “estimular la competencia” como lo hizo desregulando todos los servicios esenciales del país desde que asumió el gobierno (10 de diciembre de 2023) ante lo cual tanto el comercio exterior y la distribución interna de combustible enfrentaban una parálisis total.
El impacto económico ya se traducía en pérdidas millonarias en divisas y el desvío de cargas hacia puertos de Montevideo y el sur de Brasil.
La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo Oceánico manifestósu preocupación y desacuerdo respecto a la implementación de este decreto. “Entendemos que dicha normativa genera serios riesgos para la seguridad de la navegación y podría implicar violaciones al Tratado del Río de la Plata, así como desconocer recomendaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI)”, inmdicaron , reportó la red digital El Destape.
El ejecutivo ordenó a la Prefectura Naval Argentina intimar a más de 500 profesionales para que retomen sus tareas, mientras más de 160 buques estaban detenidos y con esto las exportaciones de granos y las operaciones en terminales estratégicas como Rosario, Bahía Blanca, Campana y Dock Sud.
El diálogo comenzará en estas horas, pero se deben esperar los resultados porque el gobierno no cede sobre todo cuando esta medida favorece y activa sus acuerdos con otros países, como Estados Unidos y más aún cuando se trata de vías estratégicas para sus proyectos de privatizarlo todo.
Milei, al ser preguntado sobre la situación de más de siete millones de familias endeudadas con créditos bancarios sólo para comprar comida, impagables por los altos intereses impuestos, respondió sonriendo: “nadie les puso una pistola en la cabeza” para endeudarse, y más aún dijo que que es un tema que no le compete al Estado porque es un “acuerdo entre privados” lo que incrementó la adhesión a la marcha que se realizará este jueves.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la prórroga de la medida cautelar del juez federal Alejo Ramos Padilla que suspende por seis meses la conversión del Banco Nación en una sociedad anónima, al rechazar los recursos de apelación presentados por el Estado Nacional y la entidad bancaria y se ratifica el fallo dictado en primera instancia el 10 de marzo pasado, que ya extendió la vigencia de la cautelar originalmente concedida el 13 de marzo de 2025 considerando que “las circunstancias tenidas en cuenta para conceder dicha medida no se habían modificado”.
Mientras que con la aprobación de la obra eléctrica, el gobierno oficializó la adhesión de la minera Vicuña Argentina al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, lo que se produce después de de que el Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad “haya avalado el plan de expansión eléctrica de la minera y rechazando, en consecuencia, todas las impugnaciones presentadas previamente”. El objetivo central del proyecto Vicuña ha sido fuertemente rechazado ya que se trata de la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en la provincia de San Juan, advierte Política Argentina, revista digital.
Pero en estos momentos la ofensiva popular tiene nuevas características esperanzadoras.
