Santiago. La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó el miércoles una reforma fiscal que, en lo inmediato, causará al fisco menores ingresos por unos 4 mil millones de dólares anuales, al reducir el impuesto a la renta del 27 al 23 por ciento a las grandes empresas, y dando a los más ricos del país amplios beneficios tributarios.
Las empresas cuyas ventas anuales son de hasta 3 millones de dólares; pagan actualmente una tasa de 12.5 por ciento.
El impacto neto será que las finanzas públicas seguirán en rojo por al menos los próximos cinco años, cuyo déficit actual es del 2.8 por ciento del producto. Y si los supuestos de crecimiento se incumplen, el faltante fiscal podría prolongarse indefinidamente.
El proyecto, que “en general” obtuvo 90 votos favorables, 52 en contra de la oposición centroizquierdista y una abstención, pasa ahora al Senado; donde se prevén ajustes porque de sus 50 integrantes, el oficialismo tiene 25, la oposición 23 y otros dos son independientes.
Se trata de una “ley miscelánea”, es decir, incluye materias más allá de las fiscales -por ejemplo, indemniza el costo de los estudios de impacto ambiental de proyectos que sean rechazados-, ideada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, e impulsada por el presidente ultraconservador José Antonio Kast, bajo el supuesto que menores impuestos alentarán la inversión privada y con ello el crecimiento de la economía, saltando desde el 2 al 4 por ciento anual, y el empleo formal.
Es decir, la teoría del “chorreo” neoliberal aplicada aquí en los 80s por los Chicago Boys, durante la dictadura de Augusto Pinochet.
También garantiza invariabilidad tributaria por 25 años a las inversiones por más de 50 millones de dólares, permite que los accionistas de los grupos económicos descuenten de su tributación personal la tasa de renta enterada por sus empresas, y facilita la repatriación de capitales sacados ilegalmente con una tasa del 7 por ciento frente al 12 actual.
El empresariado se favorece además de un crédito tributario que costará al fisco mil 200 millones de dólares anuales, a cambio de regularizar el empleo de personas con un salario cercano al mínimo.
Y de lo más controversial, la supresión del impuesto territorial a los dueños, mayores de 65 años, de viviendas cuya tasación fiscal exceda los 70 mil dólares, lo cual les facilitará ahorrarse a los más ricos unos 200 millones de dólares que, por ley, financian a los municipios más pobres, disposición resistida por sus alcaldes.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), órgano técnico creado por ley para evaluar la política fiscal, advirtió que el plan “genera un impacto fiscal neto negativo” y “un riesgo transversal que vemos es un descalce entre costos y beneficios fiscales”.
Economistas opositores estimaron que el 0.001 por ciento más rico del país, unas mil 500 personas, se ahorrarán cada una de ellas en torno a un millón de dólares anuales en menores impuestos personales.
