Esta tarde, el Lic. César Jáuregui Moreno, presentó a la Gobernadora Maru Campos Galván, su renuncia con carácter irrevocable, al cargo que venía desempeñando como Fiscal General del Estado.
Ante los medios de comunicación, dio lectura a la carta que envió a la Gobernadora:
En ejercicio del deber de responsabilidad que impone el servicio público y con pleno respeto a la transparencia que la ciudadanía demanda, presento mi renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General del Estado.
Mi actuación y la de esta institución han tenido como norte la protección de la sociedad y la acción con toda la fuerza del Estado, para enfrentar al crimen organizado. Es una labor que realizamos cientos de funcionarios de esta Fiscalía con enorme compromiso y muchas veces arriesgando nuestras vidas.
Dicho compromiso exige, además de valor y convicción, el estricto respeto a la legalidad, a la soberanía y a los protocolos de colaboración internacional. En ese equilibrio se fundan las decisiones que hemos tomado y las facultades que debemos ejercer para garantizar la seguridad y la justicia.
Es mi deber reconocer que, respecto a los hechos que han trascendido en torno a la presencia de personas que se identificaron como presuntos funcionarios extranjeros, la información con la que contamos inicialmente y que compartí con la opinión pública era inconsistente y ameritaba una investigación para conocer en detalle su participación.
Con base en el curso de las investigaciones internas realizadas hasta ahora, resulta procedente señalar que hubo omisiones tanto en la información como en la gestión institucional respecto de los puntos de contacto con dichas personas. Esa omisión vulneró los mecanismos de control y comunicación que, como titular de la Fiscalía General del Estado, tenía la obligación de asegurar en su funcionamiento eficaz. Reconozco esta responsabilidad política en el ámbito del liderazgo institucional y la necesidad de corregirla.
Desafortunadamente, estos hechos han eclipsado un logro de la mayor relevancia: la destrucción de uno de los laboratorios de drogas más grandes en la historia de nuestro país; una acción que representa un golpe mayor a las capacidades del crimen organizado.
Sin embargo, la exigencia de resultados en la lucha contra el crimen organizado no puede ni debe justificar actuaciones que no guarden estricto apego a la ley. Por congruencia con mi trayectoria y mis convicciones, entiendo que la medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo, para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad, y para restablecer la confianza pública.
Lo más importante es evitar que este caso afecte el esfuerzo institucional y de coordinación que se ha venido desplegando durante estos años en Chihuahua, para atender la mayor de las exigencias de los chihuahuenses: cerrar el paso a los enemigos de la paz y la estabilidad de nuestro Estado.
Confío en que esta decisión contribuya a reforzar la disciplina institucional, a mejorar los controles internos y a preservar la integridad de las operaciones legítimas en la lucha contra la delincuencia organizada.
Agradezco la oportunidad de haber servido a las y los chihuahuenses y reitero mi convicción de que la protección de la sociedad debe ejercerse siempre bajo el cauce de la ley.
