La defensa sostuvo que una expresión verbal no configura delito y acusó uso desproporcionado del aparato del Estado; durante la audiencia se señalaron irregularidades documentales del querellante.
Chihuahua, Chih.— Un juez de control determinó no vincular a proceso al empresario Eduardo “Lalo” Almeida por la denuncia presentada por el senador Javier Corral Jurado, al considerar que la acusación presentaba graves inconsistencias y carecía de elementos suficientes para configurar un hecho delictivo.
Durante la audiencia, la defensa de Almeida argumentó que el señalamiento derivó de un encuentro ocurrido en un aeropuerto, en el que —según expuso— existió únicamente una expresión verbal de enojo, situación que, por sí misma, no amerita un proceso penal ni la activación del aparato del Estado.
De acuerdo con los abogados del empresario, para sustentar la denuncia el senador recurrió a peritos especializados e incluso a la intervención de una psicóloga, lo que fue calificado como una medida desproporcionada frente a los hechos denunciados. La resolución judicial, afirmaron, confirma que el caso no superó el umbral legal para continuar en sede penal.
En el desarrollo de la audiencia, la defensa también puso sobre la mesa la existencia de dos Claves Únicas de Registro de Población (CURP) atribuidas a Javier Corral: COJJ660802HNERRV03 y COJJ660802HCHRRV02. Según lo expuesto, una correspondería a un hombre nacido en el extranjero y la otra a una persona nacida en México, lo que —sostuvieron— habría sido utilizado en distintos momentos para acceder a cargos públicos.
Los abogados señalaron que esta situación no se trataría de un caso de doble nacionalidad, sino del uso discrecional de documentos oficiales, lo que habría inducido al error a autoridades federales. Indicaron que el tema deberá ser analizado por las instancias competentes, al considerar que podrían configurarse responsabilidades tanto en México como en Estados Unidos.
La defensa afirmó que Corral ha reconocido públicamente haber nacido en El Paso, Texas, y que antes de 1998 habría proporcionado información distinta ante el Registro Nacional de Ciudadanos. “Cualquier ciudadano sin fuero ya estaría en la cárcel por tener dos identificaciones”, expresó Almeida al término de la audiencia.
Asimismo, el abogado César Guadarrama criticó que la Fiscalía General de la República (FGR) destinara tiempo, personal y recursos judiciales a este caso. “Lamentamos profundamente que un senador haya utilizado su fuero e influencias para distraer recursos públicos que deberían destinarse a combatir al crimen organizado, buscar a personas desaparecidas y atender a las víctimas”, señaló.
Tras la resolución, la defensa subrayó que el fallo sienta un precedente al establecer que los desacuerdos personales no pueden transformarse en persecuciones penales, y que la justicia no debe utilizarse para proteger egos ni dirimir conflictos políticos.
