Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este martes la obligación de las empresas telefónicas de colaborar con las autoridades de seguridad y justicia para localizar celulares en tiempo real, conservar hasta por dos años metadatos, registros de llamadas y otros datos de todos los usuarios, y entregarlos en un plazo máximo de 24 horas cuando sean requeridos legalmente.
Por mayoría de votos, el pleno declaró constitucionales varios párrafos del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025, pero precisó que las autoridades deberán contar con una orden judicial para acceder a esa información, salvo en casos excepcionales de urgencia, como cuando esté en riesgo la vida de una persona, sujetos a control judicial posterior.
La decisión se produjo tras un ríspido debate en el que la ponente, María Estela Ríos González, acusó de “falta de respeto” a los ministros que exigieron ajustar su metodología de análisis al criterio mayoritario, pese a coincidir con la conclusión del proyecto.
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“Yo sí pido, y lo pido como ministra, que se respete mi decisión… creo que ustedes no me pueden obligar a hacerlo. Si no les convence, está bien, pero obligar a hacerlo como algunos quieren me parece que es una falta de respeto a mi posición de ministra”, reclamó.
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, intentó aclarar que no se trataba de una falta de respeto, pero fue interrumpido por la ponente, quien insistió: “No, perdón, sí fue así”. Aguilar sostuvo que debía prevalecer el criterio de la mayoría para emitir una sentencia clara.
“No, no señor ministro, sí hay una posición que se impone de que se haga un método interpretativo en determinado sentido, y no es la primera vez que se hace valer ese argumento en contra de mis posiciones. Yo lo que estoy pidiendo es un respeto y si no me lo dan lo acepto, porque la mayoría lo decide”, respondió Ríos González.
“Estoy dando también mi punto de vista, no lo hacemos faltando al respeto”, concluyó Aguilar Ortiz.
Avala Corte conservación de datos con controles judiciales
El proyecto de sentencia de la ministra negó el amparo a la ciudadana Beatriz Ángel, al considerar infundados sus argumentos de que las medidas vulneran la privacidad y las libertades de expresión y asociación. Sostuvo que responden a fines de seguridad pública y están sujetas a límites legales y controles constitucionales.
También precisó que la geolocalización en tiempo real no equivale a intervenir comunicaciones privadas, pues permite conocer la ubicación aproximada de un dispositivo, pero no el contenido de las comunicaciones.
Los desacuerdos en el pleno comenzaron cuando Ríos González rechazó la propuesta de Sara Irene Herrerías Guerra de incorporar un test de proporcionalidad y eliminar argumentos sobre el bloqueo de señales. A ello se sumó la oposición del ministro Irving Espinosa Betanzos, quien advirtió que el artículo 183 no precisa los límites ni los supuestos excepcionales para aplicar las medidas, pese a que el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) ya establece controles judiciales.
“Estamos ante una doble regulación que genera inseguridad jurídica”, señaló, aunque aclaró que votaría a favor del bloqueo de señales de telecomunicaciones.
La molestia de la ponente surgió cuando la mayoría, a la que se sumaron Hugo Aguilar Ortiz, Arístides Guerrero García y Yasmín Esquivel Mossa, pidió ajustar el proyecto para precisar que la geolocalización, conservación y entrega de datos deben sujetarse a lo establecido en el artículo 303 del CNPP, que exige autorización judicial previa como regla general y permite actuar sin ella únicamente en supuestos excepcionales, con revisión judicial posterior dentro de las 48 horas.
“Claro que se puede hacer una argumentación más prolija y a la mejor más congruente con las doctrinas jurídicas que están de moda en México, pero no necesariamente obliga, entonces por eso yo insisto en no usarlas”, respondió Ríos González.










