La anunciada renuncia de Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral no es suficiente; deberá rendir cuentas respecto a las irregularidades detectadas y ante los señalamientos de presunto conflicto de interés, consideró dijo la diputada federal del Grupo Parlamentario del PAN e integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Carmen Rocío González Alonso.
Mencionó que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se encontraron diversas irregularidades en el INE, como la simulación de convenios, triangulación de recursos, conflicto de interés, operaciones con empresas factureras y firmas sancionadas por autoridades fiscales, cuyo monto económico alcanzaría más de mil millones de pesos.
Es por ello que la legisladora pidió la comparecencia, ante la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control del INE, para que informe sobre las irregularidades que señala la ASF y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Queremos que explique el estado probatorio, las auditorías y la apertura de expedientes de investigación por la posible red de conflicto de interés, la falta de rigor en los padrones de proveedores y los procesos licitatorios que han sido denunciados”, indicó la legisladora.
Asimismo, dijo, Carvente Contreras nos deberá informar sobre la vinculación y actual situación de Jonhatan Navarrete Torres, prestador de servicios como chofer de Guadalupe Taddei y, a la vez, apoderado legal del corporativo ZEG, que ha sido beneficiada con contratos y licitaciones millonarias por el INE.
De igual forma, añadió la diputada Rocío González, deberá exponer la relación que guarda José Alfredo Hernández Casillas con el INE, quien ha sido vinculado a empresas proveedoras de materiales electorales en varios estados de la República, mismas que también son investigadas por la UIF.
La diputada González Alonso mencionó que los señalamientos de corrupción en contra de la Consejera Presidenta del INE, ponen en entredicho al instituto responsable de organizar las elecciones en México, por lo que es indispensable que se investigue a fondo el posible conflicto de interés, nepotismo, tráfico de influencias o cualquier otro beneficio personal que pudiera derivarse de la relación con empresas proveedoras.
“El INE no puede estar bajo la más mínima sospecha de corrupción, irregularidades o beneficios personales. Estamos hablando de la institución que debe garantizar la legalidad y la imparcialidad de las elecciones; su credibilidad no puede quedar comprometida por los intereses particulares de quienes la encabezan”, advirtió.
Más aún, añadió, “considerando que para el próximo año 2027 se contempla que dicho órgano autónomo cuente con una asignación presupuestal que casi duplicará lo aprobado en 2026, lo que exige una máxima transparencia y fiscalización”.
