Guadalajara, Jal. La iniciativa del gobernador Pablo Lemus para concesionar la construcción y operación de un nuevo acueducto del lago de Chapala a la capital jalisciense, en medio de la crisis hídrica que sufre la ciudad, tendría un costo para las finanzas estatales cuatro veces mayor a los casi 12 mil millones de pesos más IVA que costaría con inversión pública directa.
El documento de Lemus enviado al Congreso del Estado para su aprobación debió ser discutido este jueves para darle entrada a comisiones, pero no hubo debate porque no se completó el quórum mínimo de 20 diputados ante la ausencia de los 11 legisladores de Movimiento Ciudadano, 4 del Verde, 2 de Morena, 2 del PAN, 2 del PRI y 1 de Hagamos.
El costo del proyecto y las opciones de pago
Para aprobar la iniciativa se necesita una mayoría calificada de dos terceras partes (26 votos), al ser una obligación transexenal hasta por 25 años, comprometiendo como deudor solidario al gobierno estatal respaldado con ingresos propios como el Impuesto Sobre Nóminas, indexando las finanzas a favor del eventual inversionista privado y multiplicando el costo real de la obra hasta en un 405 por ciento.
En comparación con otros proyectos similares como El Cuchillo II en Nuevo León, la iniciativa jalisciense es cara, pues los 12 mil millones de pesos necesarios son por 42 kilómetros de acueducto a través de un tubo de 96 pulgadas de grosor, mientras en Nuevo León el gobierno estatal y federal pagaron 15 mil 750 millones de pesos, pero la extensión del acueducto es de 93 kilómetros con un diámetro de 84 pulgadas, construido en 15 meses entre 2022 y 2023 y sin deuda a largo plazo.
El proyecto presentado por Lemus quiere, por fuerza, la intervención de capital privado y para ello plantea dos opciones, la A es por un plazo contractual de hasta 20 años, con una etapa de ejecución de hasta 24 meses (revisión, validación, construcción, equipamiento y pruebas) y una segunda etapa de operación y mantenimiento por hasta 18 años.
En esa opción, el techo financiero máximo a pagar es por 39 mil 688 millones (sin IVA, a precios de agosto de 2026) con pagos anuales de hasta 2 mil 538 millones (sin IVA, a valores de agosto de 2026).
La opción B que plantea la iniciativa del gobernante emecista tendría un plazo contractual de hasta 25 años, con una etapa de ejecución de hasta 24 meses y de operación y mantenimiento hasta de 23 años.
El techo financiero máximo a pagar al inversor sería de 48 mil 296 millones (sin IVA, a precios de agosto de 2026), con un pago anual hasta por 2 mil 321 millones (sin IVA, a valores de agosto de 2026).
El papel del inversionista privado en la infraestructura
Aunque la iniciativa enfatiza que el proyecto no constituye una privatización del servicio, ni una concesión a entes privados, ni deuda pública, el texto detalla condiciones contractuales y operativas que otorgan un papel preponderante al inversionista privado sobre la infraestructura pública de agua.
Por ejemplo tendrá la titularidad privada de la infraestructura construida y de los bienes capitalizables durante todo el tiempo en que se encuentre pendiente la recuperación de su inversión y esa titularidad sólo se transmitirá a la Comisión Estatal del Agua (CEA) una vez que esta tarifa haya sido liquidada en su totalidad.
También lo que dice el documento es que el inversionista asumirá la operación, mantenimiento y rehabilitación del acueducto por un periodo de 18 a 23 años, según la opción elegida.
Además pone a disposición del inversionista privado el derecho de vía necesario para la construcción, operación y mantenimiento, restringiendo su uso exclusivamente para los fines del contrato.
El contraste con otros proyectos de acueducto
Al contrastar la propuesta de Lemus con la experiencia de otros megaproyectos de acueducto en México, se identifica que la iniciativa compromete el Impuesto Sobre Nóminas como garantía de pago al inversionista privado y con ello Jalisco asume un riesgo similar al del Acueducto II de Querétaro, también financiado con un modelo similar, y que ha causado un boquete que aún prevalece en las finanzas públicas de esa entidad, pese a que tras cinco años de construcción fue terminado en 2011.
En cambio el caso de El Cuchillo II en Nuevo León evidencia que, aunque la inversión pública directa exige un esfuerzo fiscal inicial muy demandante, también evita comprometer las finanzas públicas a 20 o 25 años, preservando la soberanía financiera y operativa del agua para las siguientes administraciones sin generar pasivos futuros.
Los colectivos ambientalistas reunidos hoy en el Congreso, manifestaron su oposición a la construcción del acueducto y además de la privatización que se pretende realizar, dijeron que no existe información suficiente sobre las posibles afectaciones que el proyecto podría generar en otros cuerpos de agua, como el río Santiago.
