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El canciller venezolano, Yván Gil, denunció este martes que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos trabaja para Estados Unidos y sus aliados, luego de que ese organismo pidió a Caracas celebrar elecciones transparentes.

“La oficina del Alto Representante de los Derechos Humanos se comporta como un bufete neocolonial al servicio de los EU y sus satélites, en lugar de defender los derechos del pueblo Palestino, por ejemplo, se abalanzan sobre quienes construimos soberanía e independencia”, expresó Gil a través de la red social X.

Durante un debate, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió al gobierno venezolano que celebre elecciones presidenciales «transparentes, inclusivas y participativas» el 28 de julio.

De igual manera, solicitó el regreso a Caracas del personal de ese organismo expulsado en febrero.

En respuesta, durante su intervención en el debate, el representante permanente de Venezuela en la ONU, Alexander Yánez, rechazó las afirmaciones no verificadas contra su país.

“Rechazamos la prevalencia de afirmaciones hostiles sin fundamento en esta actualización oral, no verificadas ni contrastadas con el Estado y que sin duda serán esperados insumos para la narrativa comunicacional contra Venezuela, sobreexpuesta por medios transnacionales de comunicación financiado por los países que agreden a Venezuela con las medidas coercitivas unilaterales», afirmó.

Sobre el retorno a Caracas de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Yánez reiteró que su gobierno mantiene conversaciones con ese organismo.

“Hemos planteado y sostenido un proceso de conversaciones con la oficina del Alto Comisionado con el propósito de vislumbrar en el tiempo y en el momento que sea oportuno, un nuevo proceso de cooperación técnica en el nivel y la dimensión que corresponde, sin injerencias ni parcializaciones políticas», comentó.

De igual manera, condenó el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra su país.

«No se puede hablar de los derechos humanos en Venezuela sin abordar el terrible impacto de las ilegales medidas coercitivas unilaterales en la vida diaria de nuestro pueblo, impuestas por el gobierno de Estados Unidos y otros países que violan el derecho internacional y que son responsables de un verdadero crimen de lesa humanidad», acotó.

El 15 de febrero, el gobierno venezolano suspendió las actividades de la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas y pidió al personal abandonar el país en 72 horas, luego de que su representante, Volker Türk, expresara su preocupación y calificara como una «desaparición forzada» la detención de la activista Rocío San Miguel.

El memorando de entendimiento firmado entre las partes en 2019 establecía un marco para las discusiones y la cooperación en el futuro y permitía una presencia continua en el país de un equipo de oficiales de derechos humanos de la ONU.

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