La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó el resurgimiento de mecanismos de censura en diversos estados de México, que incluyen decisiones judiciales sin precedentes, reformas legales regresivas y presiones institucionales contra medios de comunicación independientes.
La organización, con sede en Miami, subrayó que estos casos, lejos de ser hechos aislados, reflejan un patrón creciente de hostilidad contra la prensa y la libertad de expresión en México.
En Campeche, un tribunal local impuso una orden judicial inédita al periodista Jorge Luis González Valdez, prohibiéndole referirse públicamente a la gobernadora Layda Sansores, detalló la SIP en un comunicado
La medida también obliga al diario Tribuna Campeche a someter su contenido a revisión previa de un interventor judicial, lo que constituye, según la SIP, un “claro caso de censura previa”. Esto ocurre pese a que una instancia federal ya había declarado inconstitucional una sanción anterior contra el mismo comunicador.
En Puebla, una reforma al artículo 167 del Código Penal introdujo el delito de violencia digital, que castiga con cárcel la publicación de contenido que “afecte la dignidad” de una persona.
La SIP señaló que la ambigüedad del texto legal puede ser usada para perseguir a periodistas, activistas y usuarios de redes sociales que critiquen a funcionarios públicos.
En Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) exigió al medio digital La Silla Rota entregar documentos, videos y fuentes relacionados con una investigación sobre supuestas listas de votación (“acordeones”) en los comicios judiciales del pasado 1 de junio. La amenaza de una multa de hasta unos 590.000 dólares fue denunciada por el medio como un intento de vulnerar su derecho al secreto profesional y a la protección de fuentes.
En Tamaulipas, el Tribunal Electoral ordenó a El Universal y al periodista Héctor de Mauleón retirar una columna crítica, tras una demanda promovida por una candidata local.
Según la Alianza de MediosMx, el INE colaboró entregando datos personales del periodista al tribunal. En otro caso similar, el organismo electoral solicitó a la periodista Laura Brugés revelar la identidad de una fuente, lo que contraviene leyes vigentes que garantizan la confidencialidad periodística.
«Estos casos no son hechos aislados, sino síntomas de un entorno institucional cada vez más hostil al periodismo”, advirtió José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.
“Nos preocupa que en un país democrático con marcos constitucionales sólidos, se usen herramientas judiciales, legislativas o administrativas para inhibir la crítica y fiscalización del poder”, puntualizó.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, lamentó que se están sentando precedentes graves en el país.
Con información de EFE
