La posibilidad de que desaparezca el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como otros organismos autónomos tales como la Comisión Federal de Competencia (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), representaría una violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como un retroceso de más de 20 años en materia de regulación, evaluación y control, coincidieron analistas.
Ayer, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará una iniciativa de reforma al Congreso para desaparecer los organismos autónomos, toda vez que, dijo, “no sirven para nada”.
Al respecto, Gerardo Flores, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), aseguró que desaparecer al IFT estaría violando los compromisos internacionales que tiene México para que los empresarios tengan reglas claras para invertir en el país.
“El Presidente no está contemplando que México tiene compromisos ante el T-MEC para tener reguladores independientes no solo en materia de telecomunicaciones, también en materia de competencia y de energía, por lo que desaparecerlos implicaría violar estos tratados internacionales”, advirtió, quien señaló que la decisión sería un retroceso de más de 20 años.
En tanto, Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), señaló que de llevar un organismo como el IFT al seno de las secretarías de Estado, significaría convertirlo en un órgano político que dejaría de lado la toma de decisiones técnicas.
Paula Villaseñor, directora de Gobierno Efectivo del IMCO, advirtió que de concretarse la declaración del presidente, significaría un retroceso de al menos dos décadas en la construcción de instituciones en el país, además de que tendría un impacto severo en la vida diaria de los mexicanos, en sus bolsillos.
IP en defensa
Al respecto, el sindicato patronal aseguró que asumirá la defensa de la prevalencia y fortalecimiento de los organismos autónomos considerados pilares para el equilibrio de poderes en México y para garantizar la gobernabilidad y respeto del Estado de derecho, al mismo tiempo de evitar el autoritarismo sin que su existencia dependa del gobierno en turno.
“Enfáticamente señalamos que seremos férreos defensores de su permanencia y su fortalecimiento, pues son pilares fundamentales para el equilibrio de poderes en nuestro país, además de ser sistemas que garantizan los derechos de las personas”, expuso José Medina Mora, presidente de la Coparmex.
En un comunicado, el líder empresarial explicó que los organismos autónomos garantizan el derecho a la transparencia de las acciones de los gobiernos, a la rendición de cuentas, a la protección de datos personales, al cumplimiento de las regulaciones en distintos temas, así como al correcto funcionamiento de las telecomunicaciones y de los mercados a través de la libre competencia.
“Pero su función principal ha sido la de acotar el poder y contenerlo para evitar el autoritarismo; así como avanzar en el goce de los derechos ciudadanos. Debilitarlos y concentrar todas las decisiones en un solo poder, representaría una regresión autoritaria contra la cual los ciudadanos hemos luchado durante décadas”, detalló.
Falta diálogo
La confrontación del Gobierno de México en contra de los órganos autónomos es una muestra de que hace falta un mayor diálogo entre ambas partes para que estos últimos puedan demostrar cómo pueden garantizar el bienestar de la población, señaló Miguel Flores, presidente de la Comisión de Competencia de ICC México.
“Yo espero que haya una reflexión por parte del gobierno, no les conviene su desaparición, ya que se necesitan organismos con personal especializado y que debe tomar decisiones sin influencia de temas políticos”, indicó a El Financiero Bloomberg.
Al respecto, Oscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), coincidió que, en el caso de la CRE, es necesario que se tomen decisiones que no respondan a ciclos políticos y que puedan tener una visión de largo plazo.
“La regulación tiene que ir más allá de los vaivenes políticos y económicos, tiene que ser independiente del Estado, y aunque la CRE no tiene una autonomía constitucional, la gestión operativa está respaldada por un cuerpo colegiado que no va a responder a preferencias o presiones políticas”, dijo.
En tanto, Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de asuntos de competencia y regulación en México Evalúa, señaló que la Cofece es muy importante para el funcionamiento del T-MEC, ya que los inversionistas extranjeros necesitan tener este tipo de garantía para poder confiar en los programas de inversión que ejercen en el país.
Con información de El Financiero
