Washington y Nueva York. La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos interceptó mensajes de texto entre traficantes de heroína en Chicago y México, quienes trabajaban con líderes y oficiales “a los niveles más altos” en Iguala y el estado de Guerrero durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero esa información no fue compartida con investigadores del caso hasta años después, según el Archivo de Seguridad Nacional en Washington.
“Es imposible decir ahora qué podría haber ocurrido si esa información hubiera llegado a las manos de los investigadores en México inmediatamente después de que fueron secuestrados los muchachos, pero no hay duda de que hubiera ofrecido pistas críticas que no existen en otro lugar”, concluyen Kate Doyle y Claire Dorfman, investigadoras del Archivo de Seguridad Nacional, organización independiente de investigaciones de documentos oficiales, que este viernes difundió los textos de estos mensajes electrónicos, algunos por primera vez.
Los mensajes interceptados son resultado de una investigación de la DEA en Chicago sobre una célula en esa ciudad del cártel Guerreros Unidos (GU). La agencia contaba con autorización judicial para monitorear los teléfonos Blackberry de integrantes del grupo delictivo e interceptó mensajes entre algunos líderes clave y sus socios en México.
“Sabíamos de nuestra inteligencia e investigaciones que Iguala era reducto del cártel Guerreros Unidos”, comentó el agente de la DEA jubilado Mark Giuffre en entrevista con Doyle y su colega Anayansi Diaz- Cortes en 2020.
La DEA descubrió por un informante que el cártel contaba con un sistema sofisticado para trasladar drogas a Chicago y dinero de regreso a México en los parachoques de autobuses de pasajeros que viajan entre esa ciudad estadunidense y varios puntos del país, incluyendo Iguala.
Algunos de estos mensajes electrónicos ya habían sido difundidos públicamente, pero el Archivo de Seguridad Nacional señala que la serie completa de los mensajes no había sido divulgada hasta este viernes.
“Los mensajes de texto dejan claro que dos miembros de GU no tenían conocimiento previo de los ataques a los estudiantes, sino que estaban reaccionando en tiempo real a la violencia que les contaban sus compañeros pandilleros y los medios”, cuenta Doyle y Dorfman.
“El caos creado esa noche en Iguala fue un desastre para Guerreros Unidos; minó su control de la ‘plaza’ (su territorio de narcotráfico en y alrededor de la ciudad), exacerbó conflictos entre ellos y con otros grupos criminales, y debilitó la protección que normalmente hubieran recibido por autoridades corruptas civiles, policiacas y militares”.
Evidencia de corrupción extensa
Los mensajes interceptados eran del Blackberry de un Adán Casarrubias Salgado (alias Silver, Tomato), quien era un líder de GU en México, y su colega Pablo Vega Cuevas (alias Transformer) en Chicago. Ambos hombres se declararon culpables en 2025 y fueron condenados en tribunales estadunidenses. Pero en septiembre de 2014 eran líderes de alto nivel del cártel y trabajaban rápidamente para intentar limitar los daños a su organización.
“Que pongan atestiguar jente que los gueyes esos ivan para acapulco y se subieron armados (sic)”, escribió Cascarrabias en un texto lleno de errores enviado el 28 de septiembre como parte del intento de encubrir las actividades de Guerreros Unidos en torno a lo que ocurrió con los normalistas dos noches antes.
Doyle y Dorfman explican que después del arresto de policías de Iguala, se empieza a implicar a Guerreros Unidos, alarmando a sus líderes.
“Los textos son evidencia de corrupción extensa a todos los niveles del gobierno, incluyendo autoridades locales y estatales, los militares mexicanos y los marinos. En la secuela inmediata de los ataques en Iguala, el grupo se apura para proteger a sus colaboradores en el gobierno y en las fuerzas de seguridad locales”, escriben Doyle y Dorfman.
Las investigadoras del Archivo de Seguridad Nacional señalan que una pregunta clave es por qué esta información de la DEA no fue compartida de inmediato con los investigadores en México. “La DEA recaudó evidencia para la persecución de los traficantes que incluyó información extraordinaria sobre el caso Ayotzinapa, pero la totalidad de esa información no llegó a fiscales mexicanos hasta 2022”, reportan Doyle y Dorfman.
Después de que la oficina de la DEA en Chicago emitió un comunicado de prensa en diciembre de 2014 sobre el arresto de Vegas Cuevas y otro individuo, investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que solicitara copias de esta información sobre el caso, la cual podría ayudar a la investigación que desempeñaban sobre la desaparición de los 43.
Pero el gobierno de Peña Nieto no solicitó el archivo de la DEA durante años, según las investigadoras del Archivo, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos “tenía poco interés en compartir evidencia que deseaba usar contra traficantes de heroína distribuyendo a través del medio oeste”.
Agregan que “ambos gobiernos fueron lentos en responder a la insistencia de los investigadores internacionales, quienes no tuvieron la oportunidad de analizar las comunicaciones interceptadas hasta ocho años después de la desaparición de los muchachos”.
Para leer las comunicaciones interceptadas y mayor análisis del Archivo: http://bit.ly/3IiWFvl
