El Estado mexicano se allanará solo parcialmente a la petición de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) resuelva que se cometió una grave violación a los derechos humanos de la indígena náhuatl veracruzana Ernestina Ascensión, que murió el 26 de febrero de 2007 después de un brutal ataque sexual por parte de un grupo de soldados en su pueblo, Teltalzinga, en la Sierra Zongolica.
En voz del consejero político de la Secretaría de Relaciones Exteriores Pablo Rocha, que respondió al interrogatorio de los jueces de la Corte, el Estado mexicano tampoco va a reconocer que se puedan vincular a servidores públicos con la violación tumultuaria ni admitirá que se haya violado el derecho al acceso a la información a organizaciones de derechos humanos que en su momento pidieron la apertura del expediente de doña Ernestina, mismo que les fue negado o entregado fuertemente testado por las autoridades estatales.
También ofreció que, como parte de las acciones de reparación del daño, el acto público de perdón a la familia de la víctima lo hará el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos y Migración. Esto es, un tercer nivel.
En una audiencia que duró cerca de cinco horas, la hija menor de Ernestina pudo por primera vez pararse frente a un tribunal para dar su testimonio. De manera excepcional, se permitió que hubiera traducción simulánea del náhuatl al español, que la declarante colocara flores y velas en su mesa (como una forma de honrar y pedir permiso a doña Ernestina, ya que se iba a hablar de ella) y a contar con el acompañamiento de una sicóloga.
Llegado el momento, María Inés clamó por justicia. Lo dijo en español y en llanto: “Justicia, es lo único que pido”.
