“Ley Maduro”, así bautizó la oposición a la reforma electoral que cocina la 4T y cuyo principal chef es Pablo Gómez, conocido por su comunismo trasnochado y por ser uno de los operadores del régimen cuando de callar a los opositores se trata. Ayer mismo, tanto el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, el también senador y dirigente nacional del PRI, ‘Alito’ Moreno y de paso el líder de la bancada de diputados federales tricolores, Rubén Moreira, calificaron la reforma que se viene como la “Ley Maduro”, pues a decir de quienes se oponen, lo que Morena y el régimen de la 4T pretenden es secuestrar, aún más, el órgano electoral, desaparecer a la oposición y con ello perpetuarse en el poder bajo la excusa de la democracia, una democracia manipulada en su propio beneficio. Así que se vienen días aciagos en en el Congreso de la Unión, a menos que los legisladores de la 4T se resquebrajen y ahí pudiera aparecer una luz al final del túnel ante la tan temida “Ley Maduro”. ¿Será?
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Por cierto que mientras eso sucede y el temor trae de un ala a los líderes opositores, los morenistas andan en modo zen, tan es así y tal como se lo adelantamos, esta tarde, la dirigente estatal Brighite Granados será la anfitriona de un evento que será de lucimiento más que de otra cosa, y es que la senadora Andrea Chávez, el diputado local Óscar Avitia y el delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Benjamín Carrera, serán los invitados especiales que presenten de manera oficial en Chihuahua el último libro de su tótem tabasqueño.
El evento será a las 17 horas en la sede del Comité Ejecutivo Estatal, en donde los tres antes mencionados se llenarán la boca de halagos hacia “Grandeza”, el libro que más recientemente publicó Andrés Manuel López Obrador, así que mientras la inutilidad de la SADER trae a los ganaderos locales con el coraje atorado por lo del gusano barrenador, su titular en el estado anda más ocupado presentando libros del ídolo de Tabasco.
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Ya que andamos con los ganaderos y el gusano barrenador, el que se quedó bastante inquieto tras la resolución de la Corte de declarar inválido el Acuerdo 156/2024, con el que la gobernadora Maru Campos endureció en su momento los controles e inspecciones ganaderas en la entidad, es el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, ya que según los ministros morenistas, la medida invadió la competencia exclusiva del gobierno federal en materia de control sanitario.
Y cómo no mostrarse molesto, al igual que lo hicieron el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Arturo Medina, el presidente del Legislativo, Memo Ramírez y el senador panista Mario Vázquez, los cuales, al igual que el presidente de la UGRCH, alzaron la voz ante la decisión de la Suprema Corte, cuyos ministros quizá asuman que la SADER y Julio Berdegué hacen su chamba, cuando lo único que hacen es regodearse en la inoperancia de una dependencia federal que ha acuchillado una y otra vez al campo y a los ganaderos chihuahuenses, lo que de nueva cuenta da muestras de que efectivamente, en la 4T se traen un negocio millonario para solapar a empresas dedicadas a la comercialización de carne que son afines al régimen, sin importar que se lleven entre las patas a los productores de ganado, en especial a los de pequeña escala.
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Quien renunció oficialmente a su militancia en Movimiento Ciudadano es Mario Arturo Pico Castañeda, el asesor de un juez federal texano que en días pasados solicitó a las autoridades de los Estados Unidos abrir una investigación contra integrantes de la cúpula del partido naranja, entre los que están el diputado federal Alfredo Lozoya, el dirigente estatal y diputado local, Francisco Sánchez, así como su esposa, la magistrada Nancy Escárcega. A través de un documento que publicó en sus redes sociales, Pico Castañeda, quien fuera candidato a legislador, argumentó que su decisión obedece a que “el movimiento carece de un rumbo claro y cohesión interna”, por lo que optó en hacerse un lado y dejar de ser militante de ese partido político, no sin antes enviarles un mensajito a los tres antes mencionados con eso de exigir que sean investigados.
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Luego de que el martes oficializaran que presentaron una denuncia por presunto nepotismo en el DIF Municipal de Juárez, el cual es presidido por Rubí Enríquez, esposa del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, a quien acusan de contratar a una familiar cercana, ayer la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez y Ulises Pacheco, líder municipal de Acción Nacional en la ciudad fronteriza, insistieron en que la esposa de Pérez Cuéllar violentó el Artículo 63 Bis. de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al contratar a su cuñada Erika Prado como directora administrativa del DIF juarense, lo que no fue negado por el alcalde, quien reconoció que efectivamente ella tiene ese puesto como funcionaria pública, por lo que a ver en qué termina esta historia de lazos familiares con beneficios incluidos.
