Luego de que la Cámara de Diputados les retirara desde abril el apoyo económico mensual que recibían desde hace más de 40 años, además de una serie de prestaciones diversas, más de la mitad de los trabajadores jubilados que fueron afectados por dicha medida ha iniciado demandas en contra del recinto legislativo.
Martín Melgoza, uno de los empleados en retiro, explicó en entrevista que hasta el momento unos 280 inconformes –de los 534 que tenían derecho a recibir la mencionada ayuda mensual, de 11 mil 800 pesos—han presentado denuncias, antes de que se venciera el plazo legal para hacerlo, el próximo 15 de julio.
Aunque las quejas fueron iniciadas a nivel individual, muchas de ellas tienen como asesor legal al abogado Martín de la Madrid. “Él fue magistrado de lo laboral y es ex secretario general del Sindicato del Congreso. Conoce bien el tema y nos puede garantizar que nos vaya mejor”, señaló Melgoza.
El ex trabajador de la Cámara recordó que las autoridades de San Lázaro afirmaron que únicamente existe una bolsa de 28 millones de pesos para repartirse entre todos los jubilados a manera de finiquito por las ayudas que recibían, por lo que cada uno de ellos recibiría 52 mil pesos, si acepta firmar.
Sin embargo, resaltó que dicho monto es insuficiente, pues si se desglosa el valor de cada prestación que tenían y la ayuda económica mensual, el pago del finiquito debería ser de más de un millón de pesos por persona.
Pese a que la mayoría de los jubilados inició una demanda, alrededor de 100 decidieron aceptar los recursos ofrecidos por San Lázaro, aunque muchos de ellos lo hicieron “engañados”, pues las autoridades no les aclararon que el dinero ofrecido implicaba renunciar definitivamente a la prestación y los fondos mensuales que recibían, aseguró Melgoza.
Por otro lado, el ex trabajador alertó que en días recientes ha circulado un audio en redes sociales en el cual supuestamente se escucha al director de Recursos Humanos de la Cámara, Eduardo Medel Quiroz, y la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del recinto, Irma Sánchez Aguilar, ponerse de acuerdo para impulsar eventuales recortes a las prestaciones que hoy tienen los empleados en activo, entre ellos el pago del estímulo de puntualidad.
Por todo ello, adelantó que los jubilados inconformes realizarán nuevas movilizaciones de protesta y apelarán a la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos internacionales para exigir que se respeten sus garantías laborales.
