Quito. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Henríquez permanece privado de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, desde el 10 de febrero pasado, bajo custodia del Estado ecuatoriano, en medio de un preocupante deterioro físico que hoy genera alarma jurídica y humanitaria y de lo cual los abogados y sus familiares responsabilizan al presidente, Daniel Noboa.
Desde este martes pasado circularon las imágenes en la cárcel de máxima seguridad, las cuales evidencian una drástica pérdida de peso y un visible quebranto en su estado de salud. Sobre el tema, los abogados del alcalde guayaquileño, en rueda de prensa, denunciaron que “la privación de libertad sin sentencia ejecutoriada, el deterioro físico visible y las restricciones al ejercicio de la defensa configuran graves vulneraciones a derechos constitucionales y humanos”.
Por todo esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya admitió para revisión la documentación presentada por la defensa sobre las posibles vulneraciones a sus derechos fundamentales y las condiciones de su reclusión.
Sin embargo, mientras su condición empeora, el ministro del Interior, John Reimberg, en un canal local, dijo que el alcalde tiene condiciones “privilegiadas en relación a otros presos en la misma cárcel”. Según él, las visitas son reguladas y el acceso a la defensa se hace, “por seguridad”, vía zoom.
A esto se suman las restricciones denunciadas por su equipo jurídico para mantener contacto efectivo y formalizar documentación necesaria para ejercer plenamente su defensa técnica. “Limitar el acceso a sus abogados afecta de manera directa su derecho al debido proceso”, denunció Ramiro García, quien lidera la defensa de Álvarez.
Y acotó: “La prisión preventiva no puede convertirse en una condena anticipada ni en un mecanismo que exponga a una persona al deterioro físico progresivo más aún mientras no exista sentencia ejecutoriada en su contra. Hoy el país observa cómo una persona sin sentencia ejecutoriada pierde peso, salud y condiciones dignas bajo custodia estatal”.
Álvarez, procesado por supuesta asociación ilícita en la venta de combustibles, ha perdido aproximadamente 26 kilogramos desde su ingreso al centro penitenciario. Las imágenes obtenidas durante videollamadas legales muestran al alcalde con el cabello rapado y sin barba, una medida que habría sido impuesta por disposición de la dirección de la cárcel, que no se contempla en ningún reglamento para un detenido sin sentencia ejecutoriada.
Además del peso perdido, existe una profunda preocupación por las condiciones sanitarias. Mientras que el personal de la cárcel utiliza mascarillas, Álvarez permanece sin protección respiratoria, a pesar de que se confirmó el fallecimiento de al menos dos personas por tuberculosis dentro de ese mismo recinto.
La defensa jurídica califica como un “campo de concentración” al centro de reclusión, enfocado en el encierro punitivo, con la prohibición para la provisión directa de agua, libros o su propia Biblia y con restricciones severas para acceder a una hora de sol diaria. García advirtió que Daniel Noboa es el responsable directo de la vida y salud de Alvarez, además de presiones para que el alcalde grabe un video afirmando que se encuentra en buen estado y que recibe un trato adecuado.
