Ciudad de México. Javier Gutiérrez Becerril, ex subdirector de Modernización y Nuevas Áreas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mantendrá la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos que le fue impuesta en 2023 por presuntas irregularidades en contratos millonarios de gas natural licuado adjudicados en 2016 a la empresa WhiteWater Midstream, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le negó este jueves el amparo a Gutiérrez Becerril contra el artículo 209, fracción II, tercer párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al concluir que la disposición es constitucional.
El ex funcionario alegó que la norma viola su derecho a una defensa adecuada porque no obliga al tribunal notificarle personalmente cuando recibe su caso o decide que no le corresponde resolverlo.
“El precepto reclamado no resulta inconstitucional al no prever que se deba notificar personalmente la declaratoria de incompetencia del tribunal, porque esa resolución no define la situación jurídica del presunto responsable, y no afecta su defensa, pues el derecho a probar y alegar, deberá ejercerlo ante la autoridad competente para resolver el procedimiento”, dijo la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
Los contratos fueron otorgados a la estadounidense WhiteWater Midstream, una de las principales proveedoras del gobierno federal tras la reforma energética impulsada por Peña Nieto.
Dicho caso de corrupción también forma parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y en el que reportajes periodísticos revelaron que Gutiérrez Becerril compró propiedades de lujo en el sur de Francia y en Houston, Texas, Estados Unidos, mientras aún era funcionario.
El asunto comenzó en 2021, tras una denuncia de la auditoría interna de la CFE por presuntas irregularidades en contratos de gas natural licuado adjudicados en 2016. Como el ex funcionario no pudo ser localizado, fue notificado por edictos y, en 2023, la empresa lo destituyó e inhabilitó por 10 años.
Javier Gutiérrez impugnó la sanción mediante un amparo al alegar que nunca fue emplazado correctamente y que la ley vulnera el debido proceso al no exigir notificaciones personales en ciertas etapas del procedimiento.
La SCJN le negó el amparo y devolvió el expediente a un tribunal colegiado para que resuelva los demás reclamos sobre la legalidad del procedimiento.
