Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación (SG) informó este miércoles que el gobierno federal concluyó el proceso de reparación integral a las familias de las víctimas del accidente en la Línea Z del Tren Interoceánico a la altura de Salina Cruz, ocurrido en diciembre del año pasado.
Subrayó que “el 100 por ciento de las personas que iniciaron el proceso de reparación integral han sido atendidas”. No obstante, aclaró que, “por razones de protección y a solicitud de las víctimas, no se señalan públicamente los montos erogados”.
Afirmó que las compensaciones cumplen con los estándares nacionales e internacionales en materia de reparación integral, “garantizando proporcionalidad, suficiencia y dignidad en cada caso”, y dijo que la reparación integral “no se limitó a una compensación económica: implicó atención médica continua, apoyo psicológico, acompañamiento jurídico y un trato humano y cercano, reconociendo que detrás de cada número hay historias, familias y proyectos de vida que merecen respeto”.
Con la conclusión de esos trabajos, recalcó, “el Estado mexicano cumple con su responsabilidad y reafirma su compromiso con la justicia, la verdad y la atención digna a las víctimas”.
Por medio de un comunicado, la SG sostuvo que “desde el primer momento, el Estado mexicano asumió este hecho con absoluta responsabilidad, colocando en el centro a las víctimas y a sus familias, bajo un enfoque humanista, de cercanía y respeto a la dignidad de las personas”.
Recordó que, por instrucciones de la presienta Claudia Sheinbaum Pardo, la SG coordinó “un esfuerzo interinstitucional sin precedentes”, con la participación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); la Fiscalía General de la República (FGR); la Secretaría de Marina; el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, instituciones de salud federales y el gobierno oaxaqueño.
Este trabajo, “permitió garantizar atención médica especializada, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y la integración de los expedientes necesarios para la reparación integral del daño”.
Además, se desplegaron 236 servidoras y servidores públicos para brindar atención directa y personalizada a las víctimas y sus familias en distintas entidades del país e incluso en el extranjero, “asegurando que nadie quedara fuera del proceso por razones de distancia o condición social”, detalló la SG
