El Poder Judicial del Estado de Chihuahua fortalece su modelo de segunda instancia mediante una Red Estatal de Magistraturas y Justicia Digital, que permitirá ampliar la capacidad de revisión jurisdiccional, aprovechar herramientas tecnológicas y acercar los servicios judiciales a las personas en la región centro-sur, todo como parte de la evolución a la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como de las crecientes necesidades de atención en materia penal.
Como parte de esta evolución, los distritos Hidalgo, Jiménez, Camargo, Mina, Andrés del Río y Arteaga podrán ser atendidos por la totalidad de las Salas competentes del Tribunal Superior de Justicia ubicadas en la capital, fortaleciendo la calidad de las resoluciones y ampliando la capacidad institucional disponible para las y los justiciables.
La modernización incorpora el uso de videoconferencias, gestión digital de expedientes y mecanismos remotos de atención, lo cual no significa traslados a la ciudad capital, tiempos de gestión y costos para litigantes y ciudadanía.
Durante 2025, las Salas con sede en Hidalgo del Parral atendieron 1,022 asuntos de segunda instancia entre materias civil, familiar y penal. Con el nuevo esquema, estos asuntos contarán con el respaldo de una estructura jurisdiccional más amplia integrada por todas las Salas competentes del estado, fortaleciendo la revisión de los recursos y la uniformidad de criterios, además de agilizar las resoluciones para la región centro-sur.
Las sedes judiciales de la región continuarán brindando atención a usuarios con los tres secretarios de sala e incrementando el apoyo para el uso de herramientas digitales, así como con la presencia periódica de las personas magistradas garantizando que la justicia permanezca cercana a las personas.
Con esta transformación, y de conformidad con un acuerdo del Órgano de Administración de fecha 13 de julio, el Poder Judicial reafirma su compromiso con una justicia más accesible, eficiente y moderna, donde la tecnología y la colaboración entre magistraturas permiten ampliar el acceso a los servicios judiciales sin importar la ubicación geográfica de las personas.
