Madrid. Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, será juzgada por cuatro presuntos delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, en un proceso judicial abierto por el juez de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Carlos Peinado. El magistrado adoptó tres medidas cautelares hasta que finalice el proceso judicial: le ordenó a la acusada la entrega de su pasaporte, le prohibió la salida del país y tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado para confirmar su disponibilidad con la justicia.
Begoña Gómez está siendo investigada por una serie actividades profesionales de carácter privada en las que el juez sostiene que se valió de su condición de esposa del presidente del gobierno español para tener un trato de favor tanto de empresas como de la propia administración pública. De hecho, en el juicio se sentará en el banquillo de los acusados la propia Begoña Gómez, pero también una alta funcionaria del palacio de La Moncloa, residencia oficial de la presidencia del gobierno, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, señalado por haber ayudada a Gómez a impulsar una cátedra en la Universidad Complutense.
El juez Peinado, polémico por sus escritos judiciales y que ha tenido que ser corregido varias veces por instancias superiores, supone la apertura del juicio oral ante el jurado, con lo que ahora será la Audiencia Provincial de Madrid la que decidirá la sala que le juzgará y las fechas de las audiencias. Sin embargo, todavía hay abierta una vía para impedir que se celebre el juicio y es que la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid tiene que resolver si procedo o no admitir los recursos de amparo presentados tanto por la defensa de los acusados como por la propia Fiscalía española, que desde el origen de la causa se mostró en contra al entender que no había ningún delito que perseguir.
El juez Peinado justificó las severas medidas cautelares, más aún tratándose de un personaje público con numerosos compromisos internacionales por el cargo de su esposo, en el supuesto de que en caso de ser encontrada culpable y se superará la pena mínima de dos años, “eso equivaldría a la imposibilidad de aplicar una suspensión de la ejecución de la supuesta pena privativa de libertad, dando lugar a un ingreso en un establecimiento penitenciario”.
El ministro del Interior español, el socialista Fernando Grande-Marlaska, presento “la más enérgica queja” ante la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, contra el juez Peinado por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, al referirse a otro apartado del auto del juez Peinado, en el que sostiene que los guardaespaldas de Begoña Gómez “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” pueden “colaborar” en una potencial “fuga” de la acusada.
