La insinuación del presidente Gustavo Petro de convocar a una asamblea constituyente, si persiste el bloqueo de las fuerzas tradicionales a su paquete de reformas sociales, desató una gran tempestad política en la que predominó la inconveniencia de esta iniciativa.
Ante miles de indígenas y activistas de otros movimientos sociales congregados en Puerto Resistencia, un emblemático lugar de la ciudad de Cali que evoca el estallido social de 2021, Petro advirtió en tono enérgico que “si las instituciones que hoy tenemos no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo ordenó a través de su voto, no será el pueblo el que se va para su casa derrotado, son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar y Colombia tendría que ir a una asamblea nacional constituyente”
El jefe de Estado habló duro tras una semana en la que el legislativo dio nuevas muestras de no estar dispuesto a aprobar las tres grandes reformas sociales propuestas por el ejecutivo -salud, pensiones y trabajo- apelando a todo tipo de argucias procedimentales que evidentemente colmaron la paciencia del mandatario.
Ante la muchedumbre de indígenas del suroccidente del país que lo vitoreaba entusiasta, Petro insistió en que hay sectores políticos “que quieren tumbar al gobierno del pueblo” y fustigó de nuevo a la mayoría de los medios de comunicación del país acusándolos de dar informaciones tergiversadas para confundir a los espectadores: “A mi no me sacan en la televisión sino para hablar porquerías de mi”, dijo.
Iniciativa con poco eco
La alusión del presidente a una asamblea constituyente, sin embargo, no fue bien recibida tanto en sectores progresistas como de izquierda, ni mucho menos entre las fuerzas del centro y la derecha. El reconocido analista León Valencia opinó que “el ambiente político actual no está para embarcarse en un proceso constituyente” y aconsejó al gobierno que “acuda a las facultades presidenciales para hacer los cambios, cumplir con el plan de desarrollo ya aprobado y sacar adelante la paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”.
Ex presidente de la asamblea que dio a luz la Constitución de 1991, el liberal Humberto de la Calle consideró que los argumentos de Petro para convocar a un nuevo proceso de reforma son débiles: “El más grave problema nacional de hoy es la inseguridad y la pérdida de control territorial y eso exige una estrategia, no un cambio constitucional”, sentenció De la Calle.
En declaraciones a La Jornada, el analista Horacio Duque alertó sobre la ausencia de mayorías oficialistas en el Congreso, lo cual impediría que se apruebe la convocatoria de una asamblea constituyente, aunque subrayó que es legítimo que Petro busque sacar adelante sus reformas a través de la movilización popular: “Hay un movimiento social dispuesto a empujar los cambios en las instituciones, todavía en manos del bloque de poder oligárquico”, aseguró Duque.
Como era de esperarse, los sectores de extrema derecha evocaron de inmediato la figura del ex presidente venezolano Hugo Chávez, advirtiendo que lo que busca Petro es un camino para eliminar el artículo constitucional que prohíbe la re elección para perpetuarse en el poder.
“Vengo diciendo hace rato que hay una estrategia del presidente para quedarse en el poder y desestabilizar institucionalmente a Colombia. Petro quiere quedarse en el poder e imponer sus reformas retardatarias”, expresó el ex presidente Iván Duque (2018-2022).
Según la ex fiscal general Viviane Morales, la propuesta del jefe de Estado “es una menaza en clave dictatorial emitida desde el bastión de Puerto Resistencia, rodeado de guardias indígenas, para amenazar el debate democrático por la vía de la ruptura institucional”.
De acuerdo con la Constitución vigente, el ejecutivo tendría que conseguir mayorías en Cámara y Senado para convocar una constituyente y obtener el apoyo de dos terceras partes del voto popular, lo que equivaldría a casi 14 millones de sufragios, tres millones más que los obtenidos por Petro en 2022 para llegar a la Casa de Nariño.
