La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, que preside la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz (Morena), avaló por 25 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones el dictamen en sentido negativo a la iniciativa que buscaba reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de responsabilidad por daño ambiental.
La propuesta planteaba modificar el artículo 96 Bis y 96 Bis 1 de la ley referida, para establecer que la autoridad del agua y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervendrán para que se cumpla con la reparación del tejido constitucional por la violación a derechos humanos y daño ambiental, incluyendo aquellos daños que comprometan a ecosistemas vitales.
En sus consideraciones, la Comisión advierte que la aprobación de la iniciativa supondría un conflicto con el marco constitucional y legal vigente, debido a que la participación de la CNDH en la reparación del daño ambiental y derechos humanos en materia hídrica implicaría una afectación directa a su integridad normativa y competencial.
Asimismo, dejaría su papel de observador para convertirse en un partícipe activo, lo cual sería contrario a los fines para los cuales ha sido instaurada, siendo un organismo creado con el objetivo de proteger los derechos humanos a través de su imparcialidad.
Hace notar que las tareas relativas a la protección del recurso hídrico, aplicación de sanciones y reparación del daño ya están contempladas como atribuciones de la Conagua, por lo que involucrar a la CNDH en la instrumentación de la reparación del daño ambiental hídrico carece de justificación normativa y vulnera el principio de legalidad.
Además, al ser la Conagua jurídicamente la autoridad responsable de garantizar el derecho humano al agua, incorporar como sujeto obligado a la CNDH carecería de sentido y resultaría en una vulneración y contravención al marco constitucional y legal vigente.
De Morena, la diputada Claudia García Hernández aseguró que la contaminación de los cuerpos de agua que persiste en México es un factor que contribuye al derecho humano del agua y saneamiento. Agregó que como legisladores deben pensar en mecanismos que resuelvan de manera más ágil las violaciones al derecho humano al agua.
