El diputado Jorge Soto, vocero del PAN en Chihuahua, llamó a revisar y transparentar la cancelación de autorizaciones a más de 100 organizaciones civiles como donatarias por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al advertir que el debilitamiento de las ONG representa un golpe directo a la participación ciudadana y al escrutinio independiente sobre el poder público. La controversia estalló luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara que la medida respondió a criterios técnicos del SAT y no a una decisión política.
Soto sostuvo que en una democracia funcional las organizaciones de la sociedad civil no deben ser vistas como adversarias del gobierno, sino como actores indispensables para vigilar, evaluar y señalar fallas en la actuación de las autoridades. Bajo esa lógica, afirmó que el Estado tendría que promover la participación de la ciudadanía en la moderación y vigilancia del poder, en lugar de obstaculizar a quienes documentan abusos, analizan políticas públicas o exigen transparencia. Esta postura cobra relevancia luego de que Amnistía Internacional advirtiera que la revocación de donatarias se inscribe en una tendencia regional de medidas restrictivas hacia la sociedad civil, con efectos negativos para la defensa de derechos humanos y el combate a la corrupción.
El legislador panista cuestionó además que la autoridad fiscal aplique criterios que, desde la óptica opositora, pueden abrir espacio a decisiones discrecionales. El SAT informó que varias revocaciones obedecieron a que ciertas organizaciones no acreditaron documentalmente el carácter científico de las investigaciones por las cuales habían obtenido su registro como donatarias autorizadas; sin embargo, persisten dudas públicas sobre el alcance total de la medida, los expedientes revisados y los mecanismos de restitución para las asociaciones afectadas.
Desde la dirigencia panista nacional ya se había calificado como “completamente extraña” la cancelación de permisos a organizaciones que se han distinguido por evaluar y cuestionar políticas gubernamentales, y se pidió al SAT explicar con claridad los motivos del retiro. En ese contexto, Soto reforzó el posicionamiento partidista al advertir que cuando el poder comienza a incomodarse con los vigilantes ciudadanos, el riesgo no sólo es administrativo, sino democrático.
El llamado del PAN, dijo, es a restaurar, revisar y transparentar los datos relacionados con la cancelación de las donatarias, para evitar que un procedimiento presentado como técnico termine siendo percibido como una herramienta para inhibir voces críticas. Para Acción Nacional, el fondo del tema no está únicamente en la relación fiscal entre el SAT y las organizaciones, sino en la defensa del espacio cívico en México y en el derecho de la sociedad a organizarse para observar y exigir cuentas al gobierno.
