Las personas con discapacidad en Chihuahua llevan cinco años esperando que el Gobierno estatal cumpla un derecho constitucional. No piden un favor ni una concesión: exigen que la gobernadora María Eugenia Campos firme el convenio que permitiría garantizar la pensión universal y aporte los recursos que corresponden al Estado, así lo exigió la diputada de Morena, Elizabeth Guzmán, durante una atención a medios acompañada por Laura Fuentes, presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad en Chihuahua, A.C., e integrantes de organizaciones que llevan años reclamando el cumplimiento de este derecho.
Guzmán recordó que en 2021 la gobernadora se comprometió públicamente en Ciudad Juárez a firmar el convenio de coordinación con la Federación. Cinco años después, la promesa sigue sin cumplirse. La legisladora subrayó que garantizar la pensión no representa una carga presupuestal extraordinaria: requiere menos del 1% del presupuesto estatal.
“La gente ya hizo su parte. Ha venido al Congreso, se ha manifestado y ha exigido por todas las vías posibles. Quien no ha cumplido es el Gobierno del Estado”, señaló.
La diputada recordó que el pasado 27 de octubre el Congreso aprobó un exhorto para que María Eugenia Campos firme el convenio y asigne los recursos necesarios. Sin embargo, cuestionó qué está haciendo realmente la gobernadora para incorporar esta obligación al presupuesto estatal.
Por su parte, Laura Fuentes rechazó cualquier intento de reducir la pensión al 50%, al considerar que significa aceptar derechos incompletos para una población que históricamente ha enfrentado discriminación y abandono institucional.
“Estamos exigiendo el 100% de la pensión universal por medio de Bienestar y Gobierno estatal. Los derechos de las personas con discapacidad no se regatean”, afirmó.
Fuentes también cuestionó a las diputaciones del PRIAN que respaldan una cobertura parcial y lanzó una pregunta: ¿aceptarían recibir solamente la mitad de su sueldo durante el tiempo que les queda en el cargo? Con ello evidenció la contradicción de quienes pretenden reducir los derechos de las personas con discapacidad mientras mantienen intactos sus propios ingresos.
