El diputado Guillermo “Memo” Ramírez Gutiérrez planteó que el proceso de elección de la nueva Presidencia del Instituto Nacional Electoral se desarrolle con vigilancia ciudadana, evaluaciones públicas y garantías de independencia frente al Ejecutivo federal.
El legislador pidió a la Cámara de Diputados incorporar observadores de universidades y organizaciones civiles independientes que puedan dar seguimiento al procedimiento, documentar posibles irregularidades y presentar informes públicos.
“La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se evalúa a quienes aspiran a dirigir el INE, por qué avanzan y con qué argumentos se toma la decisión. Quien llegue debe tener plena libertad para actuar frente al gobierno y frente a cualquier partido”, expresó.
Ramírez recordó que el Comité Técnico de Evaluación anteriormente tenía siete integrantes: tres designados por la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el INAI. Tras la reforma constitucional que extinguió a este último organismo, el comité quedó integrado por cinco personas.
“Con la desaparición del INAI también dejaron de existir los dos espacios que le correspondía designar en este comité. Esto hace necesario reforzar la vigilancia ciudadana y abrir el procedimiento al mayor escrutinio posible”, señaló.
Propuso que la observación acompañe las distintas etapas de la selección, sin sustituir las atribuciones del comité. También pidió publicar desde el inicio los criterios y la metodología de evaluación, transmitir las entrevistas y dar a conocer las calificaciones y las razones para integrar la quinteta, con la protección de los datos personales que legalmente corresponda.
Añadió que deben transparentarse posibles conflictos de interés de aspirantes y evaluadores, así como abrirse un periodo para recibir observaciones ciudadanas documentadas y darles respuesta.
El diputado también llamó a mantener en la agenda legislativa la revisión del artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece facultades de la Presidencia del INE para designar a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas.
Consideró necesario revisar ese mecanismo para recuperar la intervención del Consejo General en los nombramientos de funcionarios con responsabilidades estratégicas en la operación del Instituto y la administración de recursos públicos.
“Cambiar a quien encabeza el INE deja pendiente revisar los llamados superpoderes. Los nombramientos de áreas clave deben pasar por la deliberación y aprobación del Consejo General. La autonomía también se protege con controles internos y responsabilidad compartida”, sostuvo.
Precisó que esa revisión debe plantearse respetando los plazos y límites constitucionales en materia electoral, sin pretender modificar mediante la convocatoria las facultades que actualmente establece la ley.
“La nueva Presidencia debe surgir de un proceso que podamos revisar todos. Y desde ahora debe mantenerse el compromiso de recuperar los contrapesos. La confianza en el INE se construye con decisiones que se pueden explicar, independencia para actuar y cuentas claras ante la ciudadanía”, concluyó.
